HODIO: odiómetro o control político del discurso

La sesión parlamentaria de este miércoles dibujó con trazos gruesos la desconfianza que atraviesa la vida pública. La puesta en escena de HODIO —la denominada Huella del Odio anunciada por el presidente Pedro Sánchez— no fue recibida como mera innovación técnica, sino como motivo de alarma política. Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, elevó la cuestión a eje del debate y dejó una frase que condensó la tensión: “Odio es sin h… hipocresía es con h… y hedor, el de la corrupción de este Gobierno, también es con h”. Palabras punzantes, medidas para situar la nueva herramienta en el centro del conflicto entre Ejecutivo y oposición.

El Gobierno, por su parte, expuso un relato técnico y público: HODIO servirá para analizar la evolución del discurso de odio en redes sociales, identificar patrones de difusión y evaluar la respuesta de las plataformas digitales ante contenidos que puedan vulnerar la legislación vigente. Según Moncloa, la herramienta ofrecerá información pública y verificable sobre la presencia de mensajes de odio y sobre la actuación de las compañías tecnológicas, con la finalidad de reforzar la supervisión y exigir responsabilidades cuando no se actúe con diligencia.

Frente a ese argumento, el PP cuestionó la finalidad y los usos de HODIO. Tellado advirtió del riesgo de que la herramienta pueda emplearse para clasificar o señalar a perfiles críticos con el Ejecutivo y exigió que la iniciativa garantice neutralidad y transparencia para evitar interpretaciones partidistas. Esa denuncia no es una hipérbole: en la discusión política pesa la sospecha de que instrumentos de control del entorno digital puedan convertirse en palancas de control político.

El debate se inscribe además en un contexto objetivo invocado por el Gobierno: el incremento, según datos oficiales citados por Moncloa, de los delitos de odio en la última década y la constatación de que las redes sociales han amplificado la visibilidad de mensajes que antes permanecían en espacios marginales. Esa constatación justifica la búsqueda de instrumentos de medición y supervisión. Pero la legitimidad técnica no disipa por sí sola la inquietud política.

Queda, por tanto, un desafío público: conciliar la necesidad de herramientas que midan y combatan el discurso de odio con la exigencia democrática de garantías. La herramienta debe ser pública, verificable y, sobre todo, percibida como imparcial. El PP exige priorizar la gestión económica y los presupuestos, y relaciona la iniciativa con otras carencias del Ejecutivo; el Gobierno responde con la promesa de transparencia y de responsabilidad frente a plataformas que no actúen.

Si algo dejó claro el cruce de posturas es que HODIO no aterriza en terreno neutro. Una iniciativa técnica en materia digital deviene campo de batalla político. La exigencia ciudadana es simple y categórica: transparencia verificable, límites claros y salvaguardas institucionales que impidan cualquier uso partidista. Sin esos mimbres, lo que debía ser una herramienta de diagnóstico puede convertirse en un nuevo elemento de polarización.