Historia de dos juicios: espejo y asimetría de la política

La semana en que la Justicia llama a declarar a exministros y a sus entornos, la política no puede limitarse a aplaudir o vilipendiar según colores. La concurrencia de la operación Kitchen y del caso mascarillas obliga a mirar con claridad: hay semejanzas superficiales y diferencias sustantivas que importan.

La hipótesis que pesa sobre la operación Kitchen es de una gravedad particular: afecta a un Ministerio clave, Interior, y apunta a un presunto intento de entorpecer una investigación judicial con motivaciones políticas. Es, por tanto, un asunto que trasciende personas: es la sospecha de que se usaron órganos del Estado para fines espurios. Que Jorge Fernández Díaz haya acudido ayer a la Audiencia Nacional es una imagen que no admite complacencias ni banalizaciones.

El caso mascarillas, por su parte, comparte con la Kitchen el hecho de sentar en el banquillo a exresponsables y de ocupar la agenda mediática. Pero la articulación política es distinta: el comportamiento que se investiga en torno a Íñigo Ábalos, según la crónica, salpica de forma directa al actual presidente del Gobierno por la cercanía del investigado con Moncloa. Esa proximidad convierte la causa en más que una suma de nombres; abre el interrogante sobre la responsabilidad política del presente.

La diferencia esencial —subraya la noticia— está en los marcos de responsabilidad: el jefe político de Fernández Díaz lleva fuera de la política desde 2018, mientras que el jefe de Ábalos sigue en el Palacio de la Moncloa. Es una diferencia que los partidos harían bien en explotar políticamente: el PP puede distanciarse de su pasado; el PSOE tiene más dificultad para desligarse de su presente.

Hay, sin embargo, otra lectura legítima y necesaria: la de la fortaleza institucional. Que los tribunales actúen y sienten en el banquillo a exministros es, en sí, un signo del funcionamiento del Estado de Derecho. No importa a qué siglas pertenezcan los investigados; importa que las instituciones respondan cuando hay indicios que merecen investigación.

Pero esa nota de orgullo institucional convive con una advertencia incómoda: el episodio revela también la capacidad de políticos y altos cargos para actuar sin freno hasta que la Justicia interviene. Es positivo que los tribunales actúen; es grave que hayan tenido que hacerlo porque no hubo controles políticos previos que impidieran las conductas investigadas.

Todo ello ocurre bajo una sombra añadida: la noticia recuerda que la actual legislatura se sostiene, en algunas narrativas, sobre decisiones que han sido calificadas por muchos como de dudosa igualdad ante la ley, citando la amnistía a Puigdemont como ejemplo que debilita la percepción de igualdad jurídica. Esa percepción mina la confianza y dificulta cualquier relato triunfal sobre la plena igualdad ante la ley.

La lección es doble y clara: celebrar que la Justicia funcione no exime de exigir responsabilidades políticas cuando corresponda; y reclamar que los partidos y las instituciones refuercen los frenos internos para que la intervención judicial no sea la primera y única respuesta. No es una cuestión de equidistancia cómoda: es una exigencia de defensa del interés general y de la salud del sistema democrático.