Hartos y olvidados: Playa de San Juan exige lo mínimo, la salud pública

La voz de una asociación vecinal no es un capricho: es el latido colectivo de un barrio que reclama lo elemental. La Asociación Juntos Avanzamos denuncia que, tras 11 años de reivindicaciones, la ausencia de un nuevo centro de salud «ha dejado de ser un problema técnico para convertirse en una decisión política deliberada». ¿Qué queda cuando la sanidad se convierte en moneda de cambio electoral y en favor para otros distritos?

Con 80.000 vecinos censados y una población que se cuadriplica en verano hasta alcanzar los 300.000 usuarios, el Distrito 4 no es un solar: es una obligación pública. Y, sin embargo, sobrevive con un centro de salud en Cabo Huertas y un consultorio en la avenida Bruselas que, según los propios portavoces, presenta «deficiencias graves e insalubridad por la presencia de roedores en los falsos techos». Es una imagen intolerable para cualquier administración que se precie de velar por la salud de sus ciudadanos.

No se trata de envidias entre barrios, sino de equidad y prioridades. La asociación se felicita por que otros barrios como El Garbinet y La Torreta estén viendo avanzar sus infraestructuras, pero subraya lo evidente: «nosotros, con una población muchísimo mayor, seguimos esperando». Esa frase pesa como una sentencia política. Si la Administración tiene capacidad de actuar y decide no priorizar la zona de mayor crecimiento y presión asistencial de Alicante, la decisión es política y la responsabilidad, ineludible.

La indignación no es gratuita. Los vecinos se sienten «avergonzados» de tener que mendigar servicios básicos ante representantes elegidos que no aportan soluciones tangibles. Y la respuesta ha tomado forma de ultimátum: si antes de junio no hay una reunión al más alto nivel con el president de la Generalitat y un compromiso real, el Distrito 4 se movilizará. Anuncian que la protesta será contundente y que emplearán «todos sus recursos» para que la participación vecinal sea masiva.

«Nuestra salud y la de nuestras familias no es negociable», claman. Es una máxima que cualquier gobernante responsable debería grabar en letras mayúsculas. Cuando se agota la vía del diálogo y la ciudadanía percibe que la política le da la espalda, la calle vuelve a ser el escenario de la reclamación legítima.

Que conste: no pedimos privilegios, pedimos lo que corresponde. La salud pública no puede esperar a conveniencias partidistas ni a calendarios electorales. Si las instituciones disponen de capacidad de actuación, su deber es priorizar donde la presión asistencial y el crecimiento demográfico lo exigen. Lo demás no es gestión: es abandono. Y el abandono, en democracia, exige respuesta.