Han llevado al Parlamento la ecuación intolerable: inmigración irregular igual a amenaza terrorista

Hace unos días, en Bruselas, Alberto Núñez Feijóo lanzó la tesis y hoy sus aliados la han traducido en acto parlamentario: la regularización masiva de inmigrantes, que prepara el Gobierno, es —según el PP— una «irresponsabilidad» que puede agudizar la amenaza terrorista.

No es una conversación de bar. Es una ponencia aprobada en la comisión mixta de Seguridad Nacional del Congreso y del Senado con 20 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención; una mayoría en la que el PP y Vox impusieron su hoja de ruta para que las Cortes «estudien el conjunto del proceso» y eleven conclusiones a la Cámara.

Los hechos son claros y pesan. El último borrador del decreto de regularización, todavía pendiente de Consejo de Ministros, plantea abrir ventanillas en Correos y en la Seguridad Social para recibir solicitudes de permisos de residencia y trabajo de más de medio millón de personas en situación irregular en España —y que algunas fuentes sitúan en cifras próximas al millón.

Desde la tribuna, el PP alzó la voz con dureza. Rafael Hernando vaticinó «efectos terribles para la seguridad española»; Ester Muñoz avisó de que «España será un agujero para la seguridad» y que delincuentes y supuestos terroristas podrían «colarse» y circular por la Unión Europea. Sus argumentos apelan incluso a documentos oficiales: la Estrategia Nacional contra el Terrorismo (ENCOT), publicada en el BOE el 8 de mayo de 2024, que recoge «conexiones puntuales» entre yihadistas y redes de tráfico de personas en el Mediterráneo central.

Vox reforzó el relato con su traductor habitual: las mafias operan «con total impunidad», dijo Alberto Asalta; la entrada irregular «acaba teniendo recompensa» y por ello hay que exigir «remigración, repatriación y deportación». Un discurso que mantiene la tensión política y que llega con negociaciones abiertas entre PP y Vox sobre gobiernos autonómicos y endurecimiento de la política migratoria.

Enfrente, PSOE, ERC y EH Bildu votaron en contra. Víctor Javier Ruiz de Diego recordó que procesos de regularización extraordinaria ya se hicieron en el pasado y cuestionó la criminalización de personas que «ya viven entre nosotros», subrayando la disonancia entre el argumentario actual y fórmulas que en su momento sustentaron al propio PP.

No es un debate teórico: pesa la política y pesa la coyuntura. La comisión se ha activado justo cuando llega a la agenda pública un decreto que afectará a cientos de miles de personas y cuando la guerra en Oriente Medio y la alerta antiterrorista forman parte del contexto en que Feijóo situó su advertencia.

La pregunta que queda en el aire es, sobre todo, política y ética: convertir una medida social y administrativa en asunto de seguridad nacional cambia la naturaleza del debate y condiciona decisiones que afectan a vidas humanas, a la cohesión social y a la imagen de España en Europa. Que el Congreso acuerde «estudiar» no es inocuo; es el primer paso para normalizar una asociación entre inmigración irregular y riesgo terrorista que, a falta de pruebas públicas que la cuantifiquen, ya opera como argumento político.

Quienes gobiernan o aspiran a hacerlo deben tener presente que las alarmas legítimas de seguridad no pueden convertirse en herramienta para construir enemigos internos. Y que las respuestas requieren datos, proporcionalidad y responsabilidad institucional, no solo consignas que incendian el debate público.