Gobierno y Junts: negociación útil o pacto de remiendos ante la emergencia de la vivienda
La prórroga de la congelación de alquileres reabre mesas, condiciones y urgencias

Redacción · Más España


La política se vuelve a poner al servicio de la urgencia: derrotado en el pleno del Congreso el decreto del Gobierno que limitaba las subidas de los alquileres, y publicada ya su derogación en el BOE, la cámara política reabre vías —no sólo de diálogo, sino de responsabilidad— para evitar lo que Pablo Bustinduy calificó con crudeza en el hemiciclo: “Lo que está en juego para casi tres millones de compatriotas es poder seguir viviendo en sus casas o ser expulsados de sus barrios”. Esa frase no admite eufemismos ni demoras.
No se trata de negociaciones puramente técnicas. Junts ha dicho desde el primer momento que no le gustaba la redacción ni el método del decreto y registró el 15 de abril una proposición no de ley propia. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, tras votar en contra de la convalidación, abrió la puerta a contactos para negociar un nuevo decreto, siempre y cuando se corrijan defectos jurídicos y se incorporen propuestas concretas: rebajas fiscales para rentas bajas y medidas para autónomos. Es esa concreción la que convierte la oportunidad en prueba: o se pactan soluciones útiles o se escudará la política en la improvisación.
Las propuestas de Junts no son retórica: su texto firmado por Marta Madrenas plantea modificaciones legales contra los fondos buitres, medidas para preservar la vivienda habitual de personas mayores y estímulos fiscales para rehabilitación. Exige, además, deducciones para inquilinos con rentas inferiores a 33.007,20 euros y un IVA franquiciado para autónomos con exención a quienes facturen menos de 85.000 euros. Son reclamaciones que buscan traducir el clamor social por vivienda en reglas y en alivios fiscales.
El choque previo no fue fortuito. Sumar llevó la iniciativa en la etapa que culminó con la presentación del decreto y desplegó llamadas y cartas a casi todos los partidos, sin lograr el apoyo del PP ni de los nacionalistas catalanes. Sumar aceptó ceder en líneas rojas sobre beneficios fiscales, y aun así no bastó. Junts advirtió desde el inicio de defectos técnicos y del método del decreto; y el rechazo en el pleno ha puesto en evidencia que los incentivos y las prisas no siempre alcanzan cuando la redacción y la confianza fallan.
Frente a esa realidad, el Gobierno ha activado una doble estrategia: por un lado, reabrir negociaciones discretas con Junts desde ámbitos como el Ministerio de Vivienda; por otro, desde Sumar, ejercer presión política y de movilización —como hicieron en la manifestación del 1 de mayo junto a sindicatos— para mantener la insistencia pública sobre el derecho a la vivienda. La vicepresidenta segunda y la cúpula de Sumar buscan así forzar consensos que la mera técnica parlamentaria no logró.
Hay una ventana de oportunidad. La ministra de Vivienda ha anunciado rondas de contactos para “aprovechar esa ventana” abierta por Junts. Queda por ver si esa ventana será aprovechada para edificar soluciones sólidas o si servirá sólo para parches que no resuelvan el fondo del problema: la presión de mercados y fondos que, según el propio artículo, ya controlan en torno al 60% del mercado de la vivienda.
La cuestión es simple y exigente: los partidos que dicen compartir la urgencia deben traducir ahora su buena disposición en textos claros, coherentes y jurídicamente diligentes; las condiciones planteadas por Junts —que figuran en su proposición y en las demandas fiscales ya conocidas— han de ser debatidas con luz y con plazos. No hay alternativa decente a ese camino si se quiere evitar que las palabras queden por debajo del drama habitacional que Bustinduy describió con crudeza.
Si la política no asume este reto con seriedad, la escena pública habrá desaprovechado otra vez una oportunidad para servir al interés general. Si, por el contrario, Gobierno, Sumar, PSOE y Junts convierten discrepancias en acuerdos concretos y jurídicamente consistentes, entonces la ventana que hoy se abre podrá cerrar, al fin, la brecha entre la retórica y la protección efectiva del derecho a la vivienda.
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