Freno desde Junts y tibieza del PSOE: la ley de vivienda en la cuerda floja

El Congreso se enfrenta a una encrucijada de responsabilidad y voluntad política. Sumar logró que el Gobierno aprobara un decreto ley con medidas para intervenir el mercado de la vivienda y mitigar la crisis habitacional; pero la norma, como todo decreto, exige ahora ser convalidada en el plazo de treinta días ante la Cámara Baja. Y en ese trámite es donde la política muestra su faz más cruda: PP, Vox y Junts ya han anunciado su rechazo.

Al frente de la ofensiva está Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar, que no se anda con paños calientes. Ha acusado directamente a la cúpula de Junts de frenar el apoyo del partido independentista al decreto y ha criticado con dureza la escasa implicación del PSOE en las negociaciones para salvar la norma. No son insinuaciones: Ibáñez señala que, pese a las reticencias socialistas, Sumar fue quien impulsó la aprobación en Consejo de Ministros y ahora debe pelear en el Congreso para que la medida no quede en papel mojado.

No es casualidad que Junts haya leído el decreto y plantee apreciaciones técnicas: en Cataluña ya se aplica una Ley de Vivienda, y la norma estatal contempla, entre otras cosas, la posibilidad de que el inquilino se acoja a una prórroga máxima de tres años al finalizar su contrato. Pero la política no se limita a matices técnicos; Ibáñez reclama que la cúpula de Junts no imponga "una estrategia de lucha partidista con Aliança Catalana" que acabe por bloquear una medida nacional destinada a proteger hogares.

Al mismo tiempo, el portavoz de Sumar carga contra el PSOE por llegar "varios pasos por detrás" en materia de vivienda. Subraya que Sumar no tiene por qué estar tutelado por su socio mayoritario y que puede actuar como sujeto autónomo para defender iniciativas propias. La historia reciente, en su relato, ofrece precedentes: muchas de las medidas progresistas de la legislatura, sostiene, se han adoptado precisamente cuando Sumar o Unidas Podemos presionaron al ala socialista del Ejecutivo.

Ibáñez ofrece ejemplos concretos: la prohibición de la compra especulativa de vivienda, una propuesta en la que el PSOE se abstuvo en una proposición de ley defendida por él mismo en el Congreso, y que ahora el Gobierno complementa con la licitación de un estudio para evaluar si es posible limitar esa práctica. Son hechos que, en su diagnóstico, prueban la dinámica de invisibilizar, ridiculizar y finalmente asumir iniciativas que nacen fuera del núcleo socialista.

Frente a la inacción de determinados partidos, Ibáñez confía en la movilización ciudadana: afirma que cada vez más personas tramitan sus prórrogas de alquiler y envían burofax a sus caseros, lo que, en su criterio, demuestra que la medida es conocida y mayoritariamente aceptada. Paralelamente, censura que el PP ni siquiera se haya sentado a negociar con Sumar en el marco del decreto y llega a afear que el partido de Alberto Núñez Feijóo esté "completamente secuestrado por el fascismo", una acusación que pone en la mesa la tensión política que atraviesa el proceso.

La foto es nítida: un decreto concebido para mitigar una crisis social —aprobado en Consejo de Ministros gracias al empuje de fuerzas como Sumar— se topa ahora con la fragilidad de mayorías parlamentarias y con la falta de empuje del principal socio gubernamental. La política de vivienda, asunto de urgencia social, queda a merced de equilibrios partidistas. Y mientras tanto, la ciudadanía espera que la letra legal no se transforme, una vez más, en letra muerta.