Firmas manipulables y fechas cruzadas: la sombra sobre el informe de ADIF

Cuando la técnica tropieza con la borralla documental, la verdad corre el riesgo de perderse entre versiones y firmas escaneadas. Así lo ha dejado por escrito la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) al comunicar a la Guardia Civil las dudas detectadas en los dosieres facilitados por ADIF sobre el tramo PB Adamuz (Córdoba-Sevilla), donde tuvo lugar el accidente que costó la vida a 46 personas.

No son insinuaciones frívolas ni conjeturas: el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón de Angoiti, remitió el 12 de febrero un análisis en el que se enumera con precisión lo observado. Hay «multitud de firmas que no son ni firmas manuscritas ni firmas electrónicas», escribe la Comisión; muchas rúbricas son simplemente una imagen escaneada de una firma manuscrita «fácilmente manipulable». Es decir: la firma, emblema último de la responsabilidad, aparece desvirtuada en su naturaleza y en su fiabilidad.

La cuestión adquiere gravedad cuando se trata del informe final de soldaduras aluminotérmicas del PB Adamuz, el punto exacto del siniestro mortal. Los investigadores del Ministerio detectan además un baile de versiones y de fechas: una versión inicial fechada el 25/06/2025 y otra el 01/02/2026; y, sin embargo, dentro del propio documento aparecen partes firmadas con fecha 28/06/2025, posterior a la primera versión, lo que abre una grieta en el control de versiones que la CIAF define como «incongruencia».

La Comisión añade más. Una «nota aclaratoria 02» del informe de soldaduras, realizada y firmada con posterioridad al suceso, contradiría a otra previa, lo que deja en el aire la duda esencial: ¿cuál de los documentos contiene la información real? Cuando el relato documental se fragmenta en versiones contradictorias, la certeza se evapora y surge la obligación de esclarecerlo con diligencia.

La alarma saltó desde dentro: fue la investigadora encargada del expediente 8/26 quien, el 6 de febrero, puso en conocimiento de la presidencia de la CIAF las «incongruencias» en la veracidad de los documentos anteriores. La propia Comisión, integrada en el Ministerio de Transportes y creada como órgano técnico independiente para este tipo de siniestros, elevó estos hallazgos a la Guardia Civil el 20 de febrero, tras la solicitud de ampliación de información por parte del Instituto Armado.

No puede obviarse el marco legal al que alude la propia investigadora: el artículo 20.1 de la Ley 2/2024 exige que, si en una investigación técnica se conoce o se sospecha que la comisión de un acto pudiera constituir un ilícito penal, se informe de inmediato a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. La CIAF ha hecho su trabajo técnico y ha puesto sobre la mesa las dudas; corresponde ahora a la Policía Judicial y a la autoridad judicial examinar hasta el fondo esas incongruencias.

Exigir transparencia no es un capricho retórico: es la condición mínima de justicia para las 46 víctimas y sus familias. Cuando documentos que deberían ser incontestables aparecen con firmas escaneadas, fechas que no encajan y notas aclaratorias contradictorias, la sociedad tiene el derecho y la obligación de pedir explicaciones claras y responsabilidades. La técnica no puede convertirse en refugio de la opacidad; la autoridad no puede permitir que la burocracia nuble la investigación de una tragedia humana.