Financiación singular: aviso de quienes pagan la cuenta

Salvador Illa y sus socios han recibido un recordatorio que no admite lugares comunes ni lirismos partidistas: crear una hacienda propia implica asumir responsabilidades reales, no solo proclamas políticas.

Desde La Moncloa hasta Pamplona, los mensajes llegaron claros y sin eufemismos. Imanol Pradales explicó ante quien quiso oírlo que el régimen del concierto obliga a asumir “riesgo unilateral”: los territorios vascos recaudan y gestionan sus impuestos, y si fallan en la política presupuestaria o financiera, nadie —ni Estado ni “ama, ni aita”— vendrá a rescatarles. Fue un ejemplo práctico, recordando las dificultades de la crisis financiera de 2009-2012 y la enseñaza concreta de quienes ya viven bajo ese régimen.

María Chivite, por su parte, trasladó a Illa la misma lección desde Navarra: la recaudación depende de la propia capacidad técnica y administrativa. No es una “alegría”. La hacienda navarra, dijo, es “la joya de la corona”, y su mantenimiento exige cuerpos técnicos formados que tardan años en conformarse. Las fuentes navarras remachan el argumento con un dato operativo: durante la pandemia su recaudación se hundió en 900 millones de euros sin que un fondo estatal lo supliera.

Estos consejos, ofrecidos bilateralmente y en privado, se enmarcan en una negociación que ha paralizado hasta el verano la aprobación de los presupuestos catalanes. La pretensión del Gobierno catalán de gestionar todos los impuestos —empezando por el IRPF— cuenta con el empuje del PSC y el aval previo de instancias internas del PSOE y de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, pero choca con la oposición de la mayoría de las comunidades: PP y socialistas de régimen común han mostrado rechazo frontal.

Ese rechazo no es solo retórico. Emiliano García-Page dejó clara su línea roja en La Moncloa en octubre de 2024: el documento entre PSC y ERC no puede servir siquiera como base de estudio. Castilla-La Mancha niega interlocución con la Generalitat sobre esta materia; Asturias tampoco ha abordado la financiación singular. Son comunidades socialistas que, pese a compartir partido, no comparten la propuesta.

El cuadro que emerge es nítido y exigente: la política territorial no es un catálogo de promesas para calmar a socios electorales. Es, como advierten Pradales y Chivite, un conjunto de capacidades técnicas, riesgos fiscales y consecuencias presupuestarias que no se disuelven con buenos deseos. Si la apuesta por una hacienda catalana se va a mantener como objetivo político, hay que hacerlo con la claridad y la prudencia que imponen quienes ya practican ese modelo; o renunciar a ella para no exponer a la ciudadanía a riesgos que otros, con experiencia, saben bien que existen.

Que no quepa duda: hay quienes enseñan el terreno con la bota marcada; y quienes, tentados por atajos, afrontan una tarea para la que no basta la retórica. El país y sus cuentas exigen la sensatez de los hechos, no la ligereza de las consignas.