Fallo en la cadena de responsabilidad: la ciudad exigirá respuestas, no excusas

El drama es elocuente por su sencillez: una llamada de un ciudadano, un aviso sobre el mal estado de una pasarela, y 28 horas después un tramo de madera se desploma y seis jóvenes pierden la vida. No son metáforas: son hechos que la propia alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reconocido públicamente.

La explicación oficial del Ayuntamiento contiene dos afirmaciones simultáneas que deben leerse con la máxima nitidez. Por un lado, el Consistorio admite que “la cadena de respuesta” no funcionó: la agente de la Policía Local que recibió la alerta no registró la incidencia, no la tramitó y —según el informe municipal— tampoco contactó con equipos para comprobar el estado del pequeño puente. Por eso se ha abierto un expediente informativo y sancionador contra esa agente. La confesión es necesaria; la actuación que relata es inaceptable.

Por otro lado, la alcaldesa ha intentado delimitar responsabilidades: ha subrayado que el mantenimiento de esa pasarela corresponde a Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Es un dato relevante porque el aviso ciudadano entró al 112 y transitó por ámbitos administrativos distintos. El Ministerio, por su parte, sostiene que algunas afirmaciones de la regidora “no se corresponden con la realidad” y pide calma hasta aclarar los hechos.

No hay, en lo conocido, contradicción que borre la verdad elemental: la llamada llegó a la Policía Local a las 12:14 del lunes y el colapso ocurrió 28 horas después; la tragedia tiene en su cadena de gestiones fallidas un eslabón roto que el Ayuntamiento reconoce. Tampoco puede obviarse que la ciudad venía promoviendo la Senda Costera, proyecto iniciado en 2014 que quedó paralizado y cuya obra nunca se completó, pese a que ciudadanos y el propio Ayuntamiento han utilizado esas instalaciones como atractivo urbano.

La respuesta institucional exige dos cosas claras y simultáneas: asumir errores de gestión cuando se producen y acotar responsabilidades competenciales con transparencia. Anunciar un mapa que delimite las áreas de competencia entre el Ayuntamiento y Costas es una medida procedente; pero no puede ser solo una nota técnica posterior a la tragedia. Las familias de las víctimas y la ciudad demandan explicaciones claras sobre por qué no se abrió la incidencia, por qué no quedó registrada la llamada y por qué no se actuó como se hizo en otros avisos similares.

La política pública no se sustenta en excusas ni en trasvases de responsabilidades. Cuando un vecino hace lo correcto —tal y como la alcaldesa ha destacado al agradecer su llamada al 112—, las administraciones deben responder con diligencia, no con procedimientos perdidos en bandejas de entrada. A falta de una investigación completa y de las aclaraciones que prometen ambas administraciones, lo mínimo exigible es que los hechos se documenten, se depuren responsabilidades y se adopten medidas efectivas para que una sucesión de negligencias no vuelva a costar vidas.