Fallo administrativo y humano que no puede quedar en silencio

La noticia es tozuda y no admite adornos: la Policía Local de Santander conocía desde la víspera el mal estado de la pasarela de El Bocal tras la llamada de un vecino al 112, y aun así "no se hizo lo correcto". Esas son las palabras contundentes de la alcaldesa Gema Igual tras recibir el informe municipal. No son juicios jurídicos ni especulaciones: son hechos consignados por el propio Consistorio.

Que un agente que recibió ese aviso no adoptara las medidas oportunas, que no hiciera la incidencia ni verificara la disponibilidad de equipos, es una falla administrativa con consecuencias humanas. El Ayuntamiento ha anunciado la incoación de un expediente sancionador contra ese agente. Es la reacción estrictamente procedente; es también la reacción mínima que exige la decencia pública frente a una alarma que fue desoída.

La tragedia ya tiene cifras y nombres: tras dos días de búsqueda fue recuperado el cuerpo de Elena Sirbu; de los siete estudiantes que paseaban por la pasarela, seis jóvenes han perdido la vida y solo una persona sobrevive ingresada en el hospital Marqués de Valdecilla. Del dolor y de la literal caída al vacío no cabe eludir responsabilidades administrativas y de gestión preventiva.

No es menor el contexto: el Ayuntamiento sitúa el origen del proyecto en Demarcación de Costas —organismo del Estado que redactó, adjudicó y ejecutó las obras— y argumenta que, al faltar un acto administrativo de recepcif3n, no se formalizó la transferencia de mantenimiento. Esa demanda de «acto administrativo» no es un tecnicismo inocuo; es la explicación oficial del Consistorio para justificar que la titularidad y la vigilancia quedaron, según su criterio, en la esfera estatal.

Sin embargo, los hechos documentados por el propio Ayuntamiento muestran una cronologeda cargada de paralizaciones, replanteos e inconclusiones: desde el acuerdo de 2004 por el que el Consistorio se comprometió a asumir el mantenimiento una vez recepcionadas las obras, hasta las obras iniciadas en 2014 y la paralización por Costas en octubre de ese af1o. El plan de finalizacif3n salió a informacif3n pfablica en 2017 y nunca llegó a licitarse ni a ejecutarse, según el Consistorio. Es decir: obra inconclusa, advertencias pasadas y un tejido administrativo que deja una infraestructura vulnerable.

No es momento para hipótesis temerarias, recordó el secretario de Estado de Medio Ambiente: hay una investigación judicial en curso. Pero no puede utilizarse la investigación como escudo para obviar la cadena de hechos constatados: aviso al 112, falta de incidencia por parte de un agente, y reclamaciones y acuerdos previos sobre la limpieza y retirada de material que no se tradujeron en acciones eficaces.

La ciudadanía merece claridad y responsabilidad. Abrir un expediente sancionador al agente que no actuó es imprescindible; exigir transparencia sobre quién debía vigilar la estructura y por qué no se actuó con antelación es ineludible. La política local y las administraciones implicadas deben responder con hechos y no con circunloquios administrativos. En juego no hay solo trámites: hay vidas, familias y confianza pública.

Que la verdad administrativa aflore con celeridad y que las responsabilidades se depuren con rigor. Es el mínimo mandato que, después de este dolor, merece la sociedad y, sobre todo, las víctimas.