Extremadura no es laboratorio: la humillación de un pacto que divide

La federación socialista de Extremadura ha cerrado una etapa turbulenta y ha proclamado a Álvaro Sánchez Cotrina, cacereño de 39 años, como su nuevo secretario general. Ese relevo, sellado en un congreso extraordinario que devino en llamada a la unidad tras el desastre electoral de diciembre, no es gesto decorativo: llega en plena sacudida política regional, coincidiendo con la investidura y toma de posesión de María Guardiola.

No es casualidad la centralidad de Extremadura en el tablero político nacional. El pacto que ha alumbrado el Gobierno regional —un acuerdo entre el PP y Vox con el visto bueno público de Alberto Núñez Feijóo— ha puesto bajo lupa a la comunidad. Sánchez Cotrina no se anda con eufemismos: califica ese pacto de ilegal, inconstitucional e inmoral. Y lo hace por razones concretas: la adopción de la llamada "prioridad nacional" —que asume postulados de la ultraderecha sobre supuesta discriminación de españoles frente a inmigrantes— supone, en su diagnóstico, crear categorías de ciudadanos de primera y de segunda.

Sus ataques no son meras proclamas; se asientan en hechos y en declaraciones: el vicepresidente autonómico y líder de Vox llegó a afirmar que "no hay comida para todos", y la propuesta de prioridad nacional figura en el acuerdo avalado por la dirección nacional del PP. Sánchez Cotrina interpela con una pregunta que hiere en lo hondo: ¿qué ocurre con los extremeños que emigraron décadas atrás y ahora quisieran volver? Esa pregunta remite al drama de la despoblación y al deber de proteger derechos, no a sembrar desconfianzas entre quienes buscan oportunidades.

El nuevo secretario general reivindica el humanismo del PSOE y denuncia que el problema real de la comunidad no es la inmigración —apenas alrededor del 4%, según los datos que él invoca— sino la crisis demográfica y la falta de oportunidades. Desde esa perspectiva, tilda de juego de relatos lo que para otros es una política: "han firmado lo que han firmado", dice, y promete desde la oposición garantizar derechos y recuperar la conversación pública sin contribuir a la polarización.

Sánchez Cotrina no oculta su escepticismo sobre la durabilidad del Gobierno surgido del pacto. Afirma que nace "muerto": pronostica que Vox hará la vida imposible a Guardiola y que la coalición difícilmente llegará a los cuatro años. Esa previsión no es un augurio lírico sino una lectura política: cuando una alianza se fragua sobre concesiones a tesis que dividen y estigmatizan, la gobernabilidad queda comprometida.

La crítica alcanza también la gestión anunciada: advertencias sobre una privatización encubierta de servicios públicos —la mención expresa a la sanidad— y el rechazo a fórmulas que desde la derecha se presentan como "colaboración público-privada". Y, más aún, la repulsa frontal a ministerios o consejerías que, en su criterio, reproducen los exabruptos de la ultraderecha, como la llamada "cartera de desregulación". "Desregulación" que, en palabras de Sánchez Cotrina, es una trampa léxica cuyo objetivo real sería desmantelar consensos y erosionar el Estado del bienestar.

En el centro de la intervención del nuevo líder socialista está la llamada a desterrar la polarización de Extremadura. Reivindica una izquierda útil que defienda lo público, que recupere la conversación y que no se preste a la política-espectáculo que, según él, ha presidido actos como la jura de Guardiola en Mérida, calificada por Sánchez Cotrina de ceremonía ridícula y casi de entronización.

La lectura que propone Sánchez Cotrina es diáfana y severa: Extremadura no debe ser ni laboratorio ni decorado de una disputa nacional que reproduce aquí, con particular virulencia, la pulsión política de pactos con la ultraderecha. El reto que asume su secretaría general, en su propia formulación, será proteger derechos, combatir la polarización y ofrecer otra narrativa para una tierra acosada por la despoblación y por decisiones políticas que, a juicio del PSOE regional, hieren la cohesión social.