Extremadura bajo pacto: Vox entra, la Junta se redefine

La política regional ha dado un giro que debía anunciarse y que, sin embargo, impresiona por su perfil y por la claridad de su letra. Extremadura —donde Vox pasó de 5 a 11 diputados tras el 21 de diciembre— firma hoy un pacto programático que articula un “gobierno, dos partidos”: Partido Popular y Vox, con un compromiso expreso de lealtad, transparencia y comunicación permanente para agotar la legislatura y un acuerdo presupuestario para cuatro años.

No es retórica: el documento recoge 61 puntos y 74 medidas concretas. Vox avanza desde la posición de interlocutor a titular de competencias. Óscar Fernández Calle tendrá rango de vicepresidente y asumirá, entre otras, la competencia bautizada como “Desregulación”, que incluirá inmigración, Familia y Servicios Sociales. La joya reclamada por Vox —Agricultura, Ganadería y Medio Natural— no será troceada: la asumirá de forma completa, al contrario del reparto de 2023.

La batería de medidas lo dice con voz alta y llana. En materia económica, el acuerdo proclama la reducción del 50% de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública, con el argumento expreso de priorizar y optimizar el gasto público en favor de los extremeños.

En inmigración, el pacto impone una hoja de ruta estricta y confronta con el Gobierno central: “no más menores extranjeros no acompañados (MENAS)”, rechazo frontal a los mecanismos de reparto de inmigrantes y la negativa a participar en reformas o acuerdos que faciliten su entrega, acogida o permanencia en Extremadura desde el primer día de gobierno. Se plantea la adaptación al nuevo Reglamento Europeo de Retornos, la verificación de la edad mediante pruebas de determinación, auditorías anuales de los gastos vinculados a la inmigración ilegal y el endurecimiento del régimen disciplinario para preservar la convivencia y el orden público.

El texto delimita medidas concretas: supresión total de subvenciones a ONGs que, en su criterio, favorezcan la inmigración ilegal; no habilitar nuevos centros de acogida ni ampliar plazas en los existentes durante la legislatura; y la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos. Asimismo, se propone la supresión del programa de enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí y la reducción de plazas de menores al mínimo legal, según el propio acuerdo.

En paralelo, el pacto incorpora iniciativas en Sanidad —plan de infraestructuras y mejoras salariales— y un control del etiquetado de producto extranjero, con compromiso de cumplimiento antes de finalizar 2026 mediante la modificación de la ley de Salud Pública de Extremadura y la garantía del Reglamento UE 1169/2011.

El acuerdo incorpora además posiciones de Vox en el Gobierno, incluida la asignación del senador por designación autonómica que el PP ya tenía otorgado a Laureano León, presidente provincial de Cáceres. Todo ello enmarcado en una declaración nítida: “un gobierno, dos partidos”, con la voluntad explícita de gobernar juntos y con un reparto de competencias que sitúa a Vox en roles decisivos dentro de la Junta.

Nada de lo pactado es ambigüo; todo está escrito. La temporada política que comienza en Mérida no será una prolongación de la anterior: es un rediseño del poder regional con prioridades explícitas en control migratorio, reducción del gasto en subvenciones y la concentración de la cartera agraria en manos de Vox. La ciudadanía extremeña, a la que el pacto promete servir “exclusivamente” con el buen uso del dinero público, verá en los próximos meses cómo estas líneas programáticas se traducen en decretos, cambios normativos y gestión diaria.