Extradición y memoria larga: el hombre señalado por el atentado de 1994 vuelve a enfrentar la justicia

La noticia es, en su crudeza, una sucesión de hechos incontrovertibles: Ali Zaki Hage Jalil fue extraditado por Venezuela a Panamá bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Las autoridades panameñas y estadounidenses lo señalan por su presunta colaboración en la voladura del vuelo 901 de Alas Chiricanas en 1994, un atentado en el que murieron 21 personas, entre ellas doce miembros de la comunidad judía local y tres ciudadanos estadounidenses.

No son interpretaciones: la captura del hombre se produjo en la isla de Margarita el 5 de noviembre de 2025, y así consta en los reportes judiciales a los que tuvo acceso la prensa. Hage Jalil, de nacimiento en Maicao (Colombia) el 25 de octubre de 1968, obtuvo la nacionalidad venezolana en 2005; el Tribunal Supremo de Justicia autorizó su entrega a Panamá pese a la prohibición constitucional de extraditar a ciudadanos venezolanos porque esa nacionalidad fue adquirida con posterioridad a los hechos que se le imputan.

También son hechos los vínculos que las autoridades externas han señalado: Estados Unidos e Israel sostienen que Hage Jalil tiene relación con Hezbolá, organización que ambas potencias y la Unión Europea consideran terrorista. Y son hechos, además, los elementos que aparecen en la solicitud de extradición: la identificación de la víctima Lya Jamal/Ali Hawa Jamal, el hallazgo del maletín con explosivos en el asiento número 6 del avión, el uso de identidades falsas y el alquiler de dos vehículos vinculados a la operación.

Los informes judiciales recogen, asimismo, las detenciones y descubrimientos posteriores: días después del atentado, Hage Jalil fue detenido en Panamá conduciendo una camioneta donde se le incautaron diez subametralladoras, municiones y material de uso militar; en otro allanamiento relacionado aparecieron más armas y efectivo. Según el Centro para una Sociedad Libre y Segura y otros reportes consultados, en la década de 1990 Hage Jalil residió en la Zona Libre de Colón y ejercía como director de una empresa; meses después del atentado, regresó a Venezuela.

La extradición ocurre en un momento que la propia nota de contexto no oculta: el acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos, potenciado por la inédita operación militar estadounidense del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, ha abierto canales que ya no se limitan a lo económico sino que se extienden al ámbito policial y judicial. "Esta extradición envía un mensaje definitivo: la administración (de Donald) Trump tiene una memoria larga y un alcance aún más largo", declaró el embajador Kevin Marino Cabrera, según reprodujo la información oficial.

Nada de esto borra el núcleo trágico del caso: víctimas, familias y preguntas sobre por qué, a pesar de indicios y aprehensiones en su día, Hage Jalil no fue procesado en Panamá y pudo regresar libremente a Venezuela. Los hechos documentados relatan una investigación que se estira por décadas, fronteras y jurisdicciones, y que ahora desemboca en el traslado del acusado para que responda ante la justicia panameña.

Hechos, memoria y justicia: la extradición de Hage Jalil vuelve a poner sobre la mesa la persistencia de las causas no resueltas y la intersección entre la política exterior y la cooperación judicial. Lo registrado por la prensa y por las autoridades describe un proceso que avanza, con seguridad reforzada, sobre los escombros de un atentado que no puede ni debe quedar en el olvido.