Exigir unidad ahora: Canarias y Euskadi piden a Sánchez convocar la Conferencia de Presidentes

Cuando el mundo gira con brusquedad y las incertidumbres se traducen en facturas más altas y fábricas en vilo, la política no puede permanecer ajena ni distraída. Eso es, en esencia, lo que han trasladado Fernando Clavijo e Imanol Pradales al presidente del Gobierno: convoque ya una Conferencia de Presidentes o un órgano similar para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán.

La misiva de Canarias y Euskadi no es un gesto simbólico: es una advertencia fundada en datos y en percepciones constatables. Señalan la «creciente preocupación» por las consecuencias económicas y sociales derivadas de la escalada bélica tras el ataque de EE. UU. e Israel en territorio iraní, y alertan de un impacto directo en los mercados energéticos que ya se está traduciendo en subidas sostenidas del precio del petróleo y del gas.

¿Qué piden? Lo elemental y lo imprescindible: coordinar medidas para mitigar efectos sobre la economía, el tejido productivo y los ciudadanos. Porque, según recuerdan, en menos de dos semanas la ciudadanía ya percibe un deterioro del poder adquisitivo y la economia muestra primeros síntomas de tensión.

No se trata de alarmismos gratuitos. Clavijo y Pradales advierten del riesgo tangible de que, si el conflicto se prolonga, en las próximas semanas pueda producirse un escenario de falta de componentes y caída de la demanda que afectaría al conjunto del tejido industrial del Estado. Es una amenaza directa a empleos, cadenas de suministro y actividad productiva.

Además, los presidentes subrayan la singularidad de las vulnerabilidades territoriales: en el País Vasco existe una potente industria electrointensiva cuyo alto consumo energético la hace especialmente sensible a la subida de precios; en Canarias, la dependencia exterior —en torno al 92 % del transporte y suministros— convierte al archipiélago en un territorio frágil ante cualquier disrupción logística o de suministro.

Ante ello, reclaman activar «de forma coordinada todos los instrumentos disponibles» entre niveles institucionales. Y no faltan propuestas concretas sobre la mesa: las medidas públicas deben dirigirse a colectivos vulnerables y a los sectores más afectados para que el dinero público tenga el mayor efecto posible. Canarias ya ha activado un seguimiento específico con herramientas como la fiscalidad, ayudas públicas y el Observatorio de Precios, en coordinación con sindicatos y organizaciones empresariales, aunque admiten que algunas actuaciones dependerán del Estado y de las reglas de gasto y estabilidad financiera.

La carta no oculta tampoco una crítica política al fondo del conflicto: interpreta la acción militar como «unilateral» y denuncia que ha generado una fuerte incertidumbre internacional al vulnerar el derecho internacional y los derechos humanos, con el claro riesgo de una escalada que comprometa la estabilidad política y económica global.

¿Hay alternativa razonable? Sí: diálogo y cooperación entre administraciones. Clavijo y Pradales lo plantean como condición indispensable para articular respuestas eficaces en un escenario internacional «tan complejo y cambiante». Es, en definitiva, una llamada a que el Estado y las comunidades asuman su responsabilidad conjunta para proteger a las familias, a la industria y al interés general frente a una tormenta que ya ha empezado a descargarse sobre la economía española.