Exaltar al verdugo no cabe en la democracia: retirar ya el escudo de Ustaa

El Gobierno ha dado un paso elemental y necesario: incluir en el catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática el panteón de Vjekoslav Luburi, conocido como 'Maks, el Carnicero', y ordenar la retirada inmediata del escudo del partido fascista croata Ustaa que lo adorna.

No se trata de una reacción emotiva, sino de la aplicación de un informe vinculante de la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Ese informe califica el monumento como una exaltación del fascismo y de sus protagonistas, incompatible con los valores democráticos y con el deber de memoria y dignificación de las víctimas.

Los hechos son nítidos y pesan como una sentencia histórica: Luburi fue uno de los dirigentes del campo de concentración y exterminio de Jasenovac, escenario donde, según la resolución oficial, se asesinaron a miles de serbios, judíos, romaníes y comunistas. Tras la II Guerra Mundial se instaló en España amparado por la dictadura franquista, viviendo con documentación bajo el nombre de Vicente Pérez García y desempeñando una vida aparentemente ordinaria en Carcaixent.

La tumba, erigida en 1976 y ubicada en un lugar destacado del cementerio municipal, incorpora simbología y leyendas honoríficas que ensalzan tanto al personaje como al régimen al que perteneció, entre ellas el escudo de Ustaa. Esa presencia en el espacio público no es neutral: constituye una reafirmación de quienes perpetraron y justificaron crímenes de lesa humanidad.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática exige, además de la retirada del emblema, la instalación de elementos interpretativos que ofrezcan una contextualización histórica rigurosa y veraz, incluyendo referencias explícitas al papel de Luburi en Ustaa, a los crímenes cometidos —con especial mención al genocidio en Jasenovac— y a su trayectoria en España. El Gobierno advierte que el incumplimiento de estas medidas podrá activar procedimientos sancionadores previstos en la normativa vigente.

No es memoria selectiva ni gesticulación hipócrita: es cumplimiento de la ley y de la decencia pública. Mantener en el espacio público un monumento que ensalza a un perpetrador de atroces crímenes sería negar a las víctimas la verdad y la reparación que la democracia debe custodiar. El mandato ahora es claro: retirar el símbolo, contextualizar la ignominia y que la historia se vea con la luz completa que exige la justicia moral y la legalidad democrática.