España y Israel en choque: no es una disputa menor, es un pulso diplomático

La diplomacia, esa herramienta delicada de la política entre Estados, se ha convertido otra vez en campo de batalla. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusa a España de difamar a los soldados de las FDI y de llevar a cabo lo que él califica de «guerra diplomática». Como respuesta ejecutiva, anuncia la expulsión de los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC) en Kiryat Gat, el mecanismo multinacional creado para coordinar ayuda y preparar la reconstrucción de Gaza.

No hay sutilezas en el mensaje de Netanyahu: quien critique a Israel, según su declaración pública, «no será nuestro aliado» y «pagará un precio inmediato». Es un lenguaje de máxima firmeza, calibrado para señalizar que ciertas críticas tendrán consecuencias operativas en la cooperación internacional. El CMCC no es una oficina cualquiera: concentra a delegaciones aliadas y socios que trabajan la ayuda humanitaria, la seguridad y la reconstrucción. Sacar de allí a España es, por tanto, un gesto con repercusiones tangibles.

España no ha permanecido callada. El presidente Pedro Sánchez, en Barcelona, pidió a la Unión Europea que revise el acuerdo de asociación con Israel, el marco que regula relaciones políticas, comerciales y de cooperación desde 2000, recordando que dichas relaciones deben sustentarse en el respeto de los derechos humanos y principios democráticos. Sánchez calificó de «flagrantes» las violaciones del derecho internacional humanitario que atribuye a Israel tras una oleada de ataques en Líbano que, según autoridades libanesas, dejaron más de 300 muertos y un millar de heridos.

El choque verbal ya tiene antecedentes: España fue uno de los gobiernos más críticos con la ofensiva israelí desde el inicio del conflicto en Gaza en octubre de 2023 y, en mayo de 2024, reconoció al Estado palestino, medida que motivó la retirada temporal de la embajadora israelí en Madrid. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha calificado las críticas de las autoridades israelíes como «absurdas y calumniosas» y ha acusado a Israel de intentar «malograr» las negociaciones entre EE. UU. e Irán.

A todo esto se superpone una realidad inquietante: los recientes bombardeos de Israel contra objetivos vinculados a Hezbolá en Líbano, que han elevado la cifra de víctimas civiles y han tensado aún más la región, incluso ante un frágil alto el fuego negociado entre Estados Unidos e Irán. Israel sostiene que continuará operaciones contra Hezbolá, lo que, según la nota informativa, podría desestabilizar más la zona y complicar las iniciativas de contención diplomática.

Estamos ante una escalada de señales: expulsiones en un centro multinacional, llamadas a revisar acuerdos europeos, acusaciones de difamación y descalificaciones mutuas que no son retórica simbólica sino actos con efectos concretos. La política exterior europea y la propia estabilidad regional se ven arrastradas a una confrontación que exige claridad: ¿priorizan los Veintisiete la coherencia sobre los principios que el acuerdo de 2000 reclama, o primará la realpolitik ante el riesgo de fractura de alianzas y de impacto humanitario?

No toca aquí especular sobre intenciones ocultas; los hechos son tozudos y claros. Corresponde a las instituciones y a los gobiernos implicados gestionar este choque con responsabilidad y con la vista puesta en evitar que las represalias diplomáticas agraven una crisis humanitaria y una inestabilidad regional que ya suman demasiado sufrimiento.