España recupera la dignidad: López obtendrá la nacionalidad por carta de naturaleza

Hay momentos en que el Estado debe ejercer la prerrogativa con decisión, no por capricho, sino por justicia y por responsabilidad internacional. Mañana, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto que otorgará la nacionalidad española a Leopoldo López por carta de naturaleza: una vía excepcional, discrecional, diseñada precisamente para casos que la legislación ordinaria no alcanza.

No hablamos de gestos ceremoniales ni de concesiones simbólicas: hablamos de reparar una anomalía creada por la arbitrariedad. López fue despojado de hechos básicos que conforman la condición humana y cívica: su pasaporte fue roto en 2014 por el coronel Humberto José Calle en una celda de Ramo Verde; el propio régimen, hace menos de un año, anunció un trámite para retirarle la nacionalidad —un procedimiento que, recordemos, choca con la Constitución venezolana— y, en la práctica, lo condenó a un limbo jurídico que impedía cualquier vía ordinaria de nacionalización en España.

Frente a esa situación, el Gobierno de España ha activado los canales que la ley prevé para casos excepcionales. Las fuentes consultadas por EL MUNDO señalan que los ministerios de Exteriores y Justicia han actuado con premura y discreción, con el beneplácito del presidente Pedro Sánchez, para conceder la carta de naturaleza “por ser una persona de extraordinaria relevancia y por motivos de política exterior”. López solicitó esta vía a finales de 2025 después de chocar contra el muro documental impuesto por la dictadura: la falta de documentos notariados y la existencia de antecedentes penales derivados de su persecución y de su fuga de prisión hicieron inviable la tramitación ordinaria.

No es irrelevante subrayar las circunstancias que justifican la medida: su detención fue calificada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como arbitraria; la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón por unanimidad; en 2019 logró escapar con la ayuda de Juan Guaidó y un grupo de militares; y desde 2020 vive en Madrid junto a su esposa y sus hijos. Sus padres, además, ostentan la nacionalidad española. Todo ello conforma un expediente humano y político que legitima la excepcionalidad del recurso estatal.

La concesión no borra su venezolanidad —él mismo ha dicho que será siempre venezolano— pero le devuelve la protección y la condición jurídica que una dictadura le negó. Es, también, un gesto con resonancia: abre un camino para otras víctimas que hoy se encuentran en limbos jurídicos porque la tiranía les niega la documentación necesaria para acreditarse. López ha narrado cómo, incluso hace poco, la persecución continuó: su domicilio en las afueras de Caracas fue vandalizado y saqueado, según denuncia, con actos de violencia que alcanzaron hasta la muerte de animales domésticos.

Actuar así, con la ley en la mano y con la convicción de que los perseguidos no pueden quedar sin patria ni protección, es la conducta propia de un Estado que se coloca del lado de la libertad. La carta de naturaleza es una herramienta excepcional y España la utiliza ahora con criterio: no para instrumentalizar a nadie, sino para restituir derechos negados por una dictadura. Queda claro que la política exterior puede y debe servir para proteger a quienes la represión arroja al vacío jurídico. Ese es el deber que mañana consumará el Gobierno con el real decreto que convertirá a Leopoldo López en español por la vía de la justicia y de la solidaridad internacional.