Encuentros a escondidas: la justicia restaurativa que abrió puertas a semilibertades

El 3 de julio pasado, en un caserío aislado de Alzo (Guipúzcoa), se celebró una jornada que obliga a preguntas incómodas sobre la ecuación entre discreción y transparencia pública. Allí, durante unas nueve horas, 17 presos vinculados a ETA compartieron charla, paseo y mantel con cinco víctimas de la banda, en presencia de dos altos cargos del Departamento de Justicia del Gobierno vasco.

El encuentro forma parte de un programa que el Ejecutivo autonómico (PNV-PSE) despliega desde finales de 2024 bajo la etiqueta de ‘‘justicia restaurativa’’. Sobre el papel, la idea es abrir vías de reconocimiento humano entre víctimas y condenados, más allá de lo jurídico. En la práctica, sin embargo, esta experiencia —oculta hasta ahora en sus detalles— se presenta como antecedente de una fructífera estación penitenciaria: la participación en esos talleres y círculos restaurativos ha sido utilizada por la Fiscalía para avalar la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a al menos uno de los ex dirigentes de ETA, Mikel Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki'.

Condenado a casi mil años, 'Txeroki' sale de Martutene de lunes a viernes desde enero, obligado a pernoctar en prisión. La Fiscalía argumentó en su comunicado del 2 de febrero que su participación en los talleres —desde el 15 de octubre de 2024 y en todas las sesiones según el Ministerio Público— habría certificado un ‘‘compromiso serio, riguroso e irrevocable’’ de apoyo a las víctimas en sus procesos de reparación emocional.

No fue un proceso sin resistencias. El plan inicial pretendía llevar a la jornada a 21 internos de la prisión de Zaballa, incluidos nombres conocidos como Juan Antonio Olarra Guridi y María Soledad Iparraguirre ('Anboto'). Sin embargo, el equipo de psicólogos, jefes de servicio y trabajadores sociales de Zaballa vetaron a cuatro reclusos —entre ellos Anboto— por llevar aún muchos años de condena y no haber accedido antes a salidas programadas; esos vetos fueron admitidos por el Gobierno vasco. Los psicólogos del centro, en consecuencia, rehusaron acudir a la jornada.

Los participantes —victimas que no son cabezas visibles de las asociaciones de víctimas y los presos— pasearon por el pueblo, almorzaron en el caserío Arretxe e intercambiaron reflexiones sobre motivos de militancia en ETA y sobre el sufrimiento causado por los atentados. En el almuerzo estuvieron José María Bastos, director de Justicia del Gobierno vasco, y Pablo Martínez Larburu, director de Servicios Penitenciarios.

El lugar elegido no es neutro: el caserío fue incendiado violentamente en 1999 en un episodio atribuido al entorno de la entonces Herri Batasuna y relacionado con la actuación contra una concejala del PNV. Ese pasado añade una capa de simbolismo y de memoria difícil de soslayar.

Desde 2022 el Ejecutivo vasco incorporó la iniciativa en su Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa 2022-2025 y empezó con talleres dentro de prisión y, más tarde, con círculos restaurativos que incluyen contacto directo entre víctimas y victimarios. Las autoridades del Departamento aseguran que el programa no ha sido ocultado, si bien se ha desarrollado con la discreción que, dicen, exigen la protección de las víctimas. A día de hoy, ni los detalles completos del programa ni sus resultados habían trascendido públicamente; tampoco constan comunicaciones a las asociaciones de víctimas.

Y la consecuencia práctica es evidente: la participación en ese circuito restaurativo ha servido, al menos jurídicamente, como argumento para mejorar condiciones penitenciarias. Al menos seis de los participantes en Zaballa gozan ya de salidas. La tensión entre la búsqueda de reconciliación y la exigencia de claridad democrática queda planteada con crudeza: cabe reclamar que proyectos sensibles como éste se sometan a escrutinio público, sin sacrificar la protección de las víctimas, pero sin convertir la confidencialidad en opacidad que termine por influir en decisiones tan relevantes como las semilibertades.

La memoria colectiva no se repara solo con encuentros discretos; la política y la justicia deben rendir cuentas de los instrumentos que transforman convivencia en privilegio penitenciario. El debate no es sobre la reparación en abstracto, sino sobre cómo se regulan y se verifican los caminos que conducen a beneficios que afectan a condenados por delitos que marcaron a cientos de familias.