El Senado se abstiene: la legalidad vence a la estridencia

El Senado ha vivido este miércoles un choque de voluntades donde la ley, según el PP, ha impuesto su frontera. La moción de Vox para instar la ilegalización de EH Bildu no ha prosperado porque los populares han considerado —con voz de trámite jurídico— que hoy «la ilegalización de EH Bildu no puede llevarse a cabo».

Severiano Cuesta, senador del PP, expuso en el Pleno el diagnóstico: la redacción de la Ley de Partidos y la doctrina del Tribunal Constitucional han marcado límites claros para actuar contra formaciones políticas. En esa conclusión se apoya la enmienda popular que rechazó la senadora de Vox, Paloma Gómez, y que excluye la ilegalización, aunque sí reclama medidas contra el enaltecimiento de etarras y la investigación de crímenes no resueltos.

Vox no ocultó su reproche: acusó al PP de «tibieza», sostuvo que la ilegalización es un «mandato de decencia» y defendió que solo así se impediría a EH Bildu continuar en las instituciones como heredera de ETA. Esa acusación, rotunda en su tono, no cambió la correlación de fuerzas: la negativa del PP impidió que la moción de Vox saliera adelante y, por tanto, el Senado no instará a ilegalizar al partido de Arnaldo Otegi.

He aquí el contraste: sobre la tribuna, la invocación de principios morales; en los escaños, la prudencia jurídica. Ninguna de las dos posturas esconde su intención. El PP ha optado por delimitar la acción política a lo que, hoy, los tribunales permiten. Vox ha optado por presionar desde la indignación política y simbólica.

Queda, para la opinión pública, una pregunta retórica que no exige respuesta judicial inmediata: ¿debe primar siempre la pura viabilidad procesal sobre la presión ética y política? La Cámara ha adoptado una respuesta práctica: no forzar los márgenes que marca el Tribunal Constitucional. Y así, la pulseada parlamentaria concluye con la ley marcando el compás y con la política reclamando, a su turno, otros escenarios de confrontación.