El Senado, escenario de una cuenta pendiente: la comisión de Adamuz

La política española entra en la sala de comisiones con paso decidido. El PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha puesto en marcha una comisión de investigación sobre el accidente ferroviario de Adamuz que costó la vida a 46 personas y al maquinista de Rodalies. No es un trámite menor: es un pulso institucional que arranca con llamadas explícitas a comparecer a nombres de primer plano y a voces que ya han protagonizado otros interrogatorios en esta legislatura.

El plan de trabajo presentado por los populares fija comparecencias de alto voltaje: el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García —ambos imputados y en prisión preventiva—, y el actual ministro de Transportes, Óscar Puente. El anuncio fue acompañado de una declaración programática: "Vamos a seguir el rastro del dinero. Hasta el final. Vamos a pedir toda la documentación", dijo Alicia García, portavoz del PP en la Cámara alta. La metáfora es nítida: no se busca solo dilucidar causas técnicas del siniestro, sino atar la investigación a posibles irregularidades en la gestión y en el uso de fondos públicos.

No se trata de una actuación aislada. La comisión de Adamuz se suma a otras cinco promovidas por el PP en el Senado, órganos que han concentrado la agenda parlamentaria bajo la mayoría absoluta popular. La estrategia es visible: llevar al escrutinio público a ex altos cargos y enlazar los problemas de infraestructuras con responsabilidades políticas. Raquel Sánchez e Isabel Pardo de Vera figuran ya entre las invitadas que el PP plantea citar, y se ha previsto la presencia de víctimas que iban en los trenes.

La cuestión procesal añade densidad al escenario: Ábalos y Koldo tendrían que acudir desde la cárcel si prosperan las citaciones, y la experiencia reciente demuestra que estas peticiones requieren tiempos y autorizaciones que no siempre son automáticas. En enero, el Tribunal Supremo denegó una solicitud del PP para la comparecencia de Ábalos por la premura con que se formuló. El instructor no cerró la puerta, pero exigió formalidad y plazo para autorizar actuaciones que atañen a procesados.

A la investigación nacional se suma el foco europeo: la Fiscalía Europea ha abierto diligencias para analizar si en las obras de las vías de Adamuz se pudieron malversar fondos de los 111 millones de euros concedidos por la Comisión Europea para renovar ese tramo. Esa instrucción transcurre junto a la investigación abierta en un juzgado de Montoro sobre las causas del descarrilamiento, y la Audiencia Nacional ha designado al juez José Luis Calama como magistrado de garantías para supervisar la causa remitida por la Fiscalía Europea.

Frente a esa doble vía investigadora, las palabras de la portavoz popular en el Senado fueron tajantes: las instituciones europeas no actúan de forma rutinaria, sino cuando observan indicios delictivos, y el PP promete que, si la comisión detecta indicios, los remitirá a la Fiscalía. El ministro Puente, por su parte, recordó que la Fiscalía Europea suele actuar cuando hay fondos comunitarios implicados, señalamiento que la portavoz del PP matizó señalando el peso probatorio que, a su juicio, avala la investigación europea.

Este es, en lo inmediato, un choque de narrativas que se dirimirá en citaciones, documentación y comparecencias. El Senado dispone ahora de la capacidad de marcar el tempo: primeras comparecencias previstas a finales de abril. La pregunta que sobrevuela es de fondo y política: si la investigación parlamentaria encuentra indicios, ¿será capaz el Estado de canalizar esa evidencia hacia responsabilidades penales y administrativas? Y si no los encuentra, ¿cómo se reconciliará la necesidad de respuestas con la percepción pública de que se ha intentado seguir "el rastro del dinero"?

Lo cierto y mensurable es esto: hay una tragedia que reclama explicaciones, procedimientos abiertos —en España y en Europa— y la voluntad de una mayoría en la Cámara alta para interrogar, documentar y, en su palabra, perseguir responsabilidades. El país observa, las víctimas esperan y la política actúa; la suma de estas realidades marcará si la comisión será un ejercicio de verdad y reparación o un nuevo capítulo de confrontación partidista.