El retorno tutelado: el Gobierno vasco abre cárceles a ex miembros de ETA

La decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de autorizar a representantes de Harrera Elkartea a acceder a las prisiones bajo su competencia es un punto de inflexión que exige examen riguroso. No es una hipótesis: fuentes penitenciarias confirman que en abril se dio luz verde al acceso de ocho personas a Zaballa, Martutene y Basauri, cinco de las cuales son antiguos miembros de ETA.

Harrera, asociación vinculada a la izquierda abertzale, presenta su actividad como "acompañamiento social" para la integración de personas privadas de libertad. Sobre el papel, la labor está abierta a todo tipo de reclusos; en la práctica, la asistencia se dirige, según la información, de manera exclusiva a quienes la propia organización define como "presos políticos" y "exiliados": etarras condenados o huidos que regresan al País Vasco y Navarra.

El engranaje no se limita al acceso a las cárceles. La cadena descrita por EL MUNDO incluye un programa de "justicia restaurativa" promovido por el Gobierno vasco —que, según el relato, ha servido para que algunos presos, como el ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu (Txeroki), alcancen beneficios penitenciarios como la semilibertad amparada en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario— y una red de apoyo que coadyuva en la acreditación de domicilio y la búsqueda de empleo, factores determinantes para anticipar salidas.

En ese entramado aparecen nombres que no son neutrales: Gorka García Sertutxa, alias Patas —condenado por intentar asesinar al Rey Juan Carlos en 1995— figura entre los miembros de Harrera con acceso a los centros; Alberto Ilundain Iriarte, alias Mollejas —condenado en Francia por asociación de malhechores y ligado a atentados con dinamita que causaron muertes y heridos— también integra la organización; Idoia Martínez García (Olga) y Agurtzane Izarza Hernández son otros perfiles reseñados por la crónica. Son datos que no pueden obviarse ni diluirse con eufemismos.

La asociación, con el padrinazgo de Bildu según la información, presta apoyo económico, ayuda para encontrar vivienda y empleo y asistencia sanitaria y psicológica; presume de haber colocado a "200" de esos retornados en empleo. Es la otra cara de la política: la reinserción y la reparación, cuando se practica, son objetivos legítimos; cuando se organiza y se prioriza con una clara vocación hacia un colectivo determinado y con la presencia activa de antiguos miembros y condenados por delitos graves, la sociedad exige transparencia, controles y rendición de cuentas.

Y hay un contexto político que el propio artículo señala: la secuencia de excarcelaciones y acompañamientos se produce en el marco de la alianza política mencionada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi. No es un detalle secundario. Cuando las decisiones penitenciarias y los programas de reinserción se entrelazan con acuerdos políticos, la sensación ciudadana de que la justicia y la política caminan de la mano —o se imbrican— reclama explicaciones claras y garantías institucionales.

No se trata de negar derechos a nadie ni de convertir la reinserción en una quimera. Se trata de exigir que las políticas públicas, más cuando afectan a víctimas del terrorismo y a la seguridad democrática, se diseñen y apliquen con transparencia, criterios homogéneos y sometidas a escrutinio. El relato de acceso de Harrera Elkartea a centros penitenciarios y la presencia de antiguos etarras entre sus representantes obligan a un debate serio: ¿qué salvaguardas existen? ¿qué criterios concretos se aplican? ¿qué papel exacto desempeñan las instancias autonómicas y las fiscales? Son preguntas que la sociedad y las víctimas merecen que se respondan con datos y hechos, no con eufemismos ni silencios calculados.