El rescate de una vieja consigna: 'prioridad nacional' vuelve al discurso del PP

La expresión suena moderna y técnica: «prioridad nacional». Pero su historial es antiguo y ominoso. No nació en un despacho de campaña en España ni es fruto de una innovación doctrinal del PP. Fue Jean‑Marie Le Pen, hace medio siglo, quien dio forma pública a la idea con carteles que responsabilizaban a los inmigrantes del paro en Francia, y quienes siguieron esa estela ideológica la han ido puliendo y renombrando hasta llegar al lenguaje más suave de hoy.

El Frente Nacional popularizó la llamada preferencia o prioridad nacional ya en las legislativas de 1978, actualizó sus cifras en los años siguientes y, en 1985, Jean‑Yves Le Gallou dotó ese principio de un revestimiento teórico en La preferencia nacional. Su hija política, Marine Le Pen, reetiquetó la consigna como «prioridad nacional» cuando el objetivo fue desdemonizar y hacer más presentable la doctrina ultraderechista: la misma idea, otro envoltorio léxico. En 2022, ese discurso llegó a proponer limitaciones prácticas —acceso prioritario a educación, empleo y vivienda para nacionales y requisitos específicos para foráneos— sin renunciar, en esencia, al mismo núcleo discriminatorio.

Ese núcleo no ha permanecido recluido en Francia. Se ha trasladado, con variantes y traducciones, por toda Europa: del «primero los neerlandeses» al «primero los alemanes». En España, la proclama «los españoles primero» no es inédita; partidos como España 2000 o movimientos como Hogar Social ya hicieron de la exclusión un sello. Y en Cataluña, Josep Anglada explotó ese mensaje con Plataforma per Catalunya: «Primer, els de casa» le reportó 67 concejales en 2011, señal de la eficacia social de la xenofobia cuando se la envuelve en asistencia social selectiva.

Vox ha retomado el lema en su campaña catalana —Juan Garriga presentó el 7 de abril la campaña «Primero, los de casa»— y lo ha convertido en bandera electoral y de confrontación con formaciones que compiten por un mismo mercado identitario. No resulta sorprendente la coincidencia: vínculos orgánicos y biográficos unen a quienes hoy defienden ese mensaje con experiencias previas en la extrema derecha catalana.

La noticia política inmediata es otra: la enmienda que el Grupo Popular presentó en el Congreso reproduce en términos nacionales el pacto que permitió investir a María Guardiola en Extremadura. El PP dice «inspirarse en la prioridad nacional» y propone reformas que, en su letra, apuntan a favorecer a quienes acrediten un «arraigo real, duradero y verificable», combinando criterios objetivos —como la antigüedad en el empadronamiento— con otros meramente subjetivos, como la «relación afectiva» con el territorio.

Aquí surge el nudo: la Ley de Extranjería prohíbe taxativamente discriminar a los extranjeros respecto a los españoles, y el artículo 14 de la Constitución proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley. Dependiendo de cómo se concreten esos criterios de «arraigo» y «prioridad», podrían abrirse vías de discriminación no solo hacia no nacionales, sino entre españoles mismos —paradoja destacada por la propia prensa: que en Cataluña se acaben aplicando principios de prioridad que discriminen al resto de los españoles.

No es un debate de etiquetas; es una discusión sobre qué tipo de comunidad queremos: una que garantice derechos universales conforme a la ley, o una que legalice preferencias y jerarquías territoriales y identitarias. Que una consigna nacida en la ultraderecha francesa termine reciclada en pactos autonómicos y en enmiendas del PP debería, al menos, obligarnos a mirar con cuidado las consecuencias jurídicas y sociales de ese traslado doctrinal.