El rector que mira hacia otro lado mientras el campus se radicaliza

Ramiro González ha hecho lo que muchos esperábamos: dar la cara por los profesores acosados y señalados. No se trata de una mera polémica académica, sino de una campaña de criminalización que afecta a cuatro ex vicerrectores y a cuarenta docentes en el campus de Vitoria. Grupos como Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) y Ernai han convertido la universidad en escenario de intimidación, y el silencio —o la ambigüedad— del rector Joxerramon Bengoetxea no es ya una falta menor: es un abandono de quien debe garantizar la libertad de cátedra y el derecho a trabajar sin coacciones.

La descripción de los hechos no admite paños calientes: murales, pintadas y pancartas que ocupan el campus; contramanifestaciones organizadas con absoluta impunidad; acoso a sindicalistas de UGT con pintadas amenazantes; petardos y bengalas lanzadas en aulas para provocar la suspensión de clases. Todo ello sucede día tras día en un campus donde se forman casi 4.000 alumnos, y la respuesta del Rectorado se reduce a propuestas de limpieza, normas sobre "propaganda" y la activación de un ágora. Medidas que, en el mejor de los casos, suenan a cosmética y, en el peor, a connivencia por omisión.

No sirve apelar a una "carencia" retórica para soslayar responsabilidades. Bengoetxea, rector avalado por EH Bildu, ha limitado sus declaraciones y dejado sin identificar a los responsables de los actos de intimidación y violencia. Ese tono equidistante, que intenta aparentar neutralidad, resulta insuficiente cuando hay docentes que ven su integridad profesional y personal comprometida por coacciones públicas.

Que el consejero de Universidades, José Ignacio Pérez Iglesias, tarde en concretar y recurra a reflexiones ambiguas no puede convertirse en excusa. Tras ser emplazado por los periodistas, acabó sumándose al apoyo a los profesores, pero sus primeras respuestas —"Ya estoy despistado", según su propio relato ante la demanda de concreción— revelan el desconcierto institucional ante una realidad que, reitero, es cotidiana en el campus.

Si la Universidad pública permite que un grupo de radicales impida expresarse y trabajar con libertad a quienes no piensan como ellos, estamos ante una fractura grave del espacio académico. No es un debate sobre estética de pancartas ni sobre limpieza viaria: es una cuestión de convivencia, de seguridad y de defensa de la libertad intelectual. Por eso la contundente reacción de Ramiro González no solo es legítima: es imprescindible.

Las autoridades universitarias y políticas tienen la obligación de actuar con decisión: proteger a los docentes amedrentados, identificar y sancionar a quienes ejercen la violencia o la intimidación y restablecer la normalidad del campus. La equidistancia cobija a quienes normalizan el acoso; la claridad defiende a la comunidad universitaria. No hay medias tintas cuando se trata de preservar la libertad y el derecho al trabajo en el espacio público de la educación.