El PSOE deja solo al pueblo saharaui y abre una grieta en la decencia parlamentaria

El gesto es elocuente y elocuente en su omisión: el PSOE no acudió a la reunión en el Congreso con el Frente Polisario para abordar la exclusión de los saharauis del proceso de regularización de migrantes. No fue un vacío protocolario; fue una decisión política con consecuencias tangibles.

A la cita sí asistieron Sumar —con representantes y la diputada de origen saharaui Tesh Sidi—, el PP y casi todos los socios de la investidura: ERC, PNV, EH Bildu, Podemos y BNG. Tampoco estuvieron Vox ni Junts. Ese reparto de ausencias y presencias traza un mapa nítido: la vieja táctica de mirar hacia otro lado choca ahora contra la voluntad colectiva de forzar una solución.

La voz de Tesh Sidi resonó con razón y urgencia: pidió responsabilidad y coherencia al PSOE y reclamó que los saharauis reciban las mismas garantías e igualdad de trato que el resto de migrantes incluidos en la regularización. No es retórica; es exigir que la ley no discrimine y que un reglamento no vaya "en detrimento de los derechos universales" que un Gobierno progresista debería proteger.

Enrique Santiago, de Sumar, ha señalado el mismo punto con dureza: la exclusión se ha justificado por la vía administrativa de la apatridia y eso no puede convertirse en un tapón que impida a los saharauis acceder a la regularización. Exigir medidas para que puedan simultanear esa solicitud es una petición de justicia elemental, no un capricho partitista.

IU certificó un acuerdo "unánime" entre los partidos reunidos para suprimir esa discriminación y para que los saharauis opten cuanto antes a los permisos de residencia. La apelación a la "cercanía histórica" y a una "deuda democrática" no es simbólica: apunta al núcleo del problema político y moral que España arrastra respecto al Sáhara.

Esa unidad parlamentaria dibuja, además, una consecuencia práctica: la posibilidad de desbloquear y tramitar la proposición de ley de Sumar que reconoce la nacionalidad a quienes eran españoles cuando el Sáhara pertenecía a España y a sus descendientes. Hoy esa iniciativa está bloqueada en la Comisión de Justicia por el PSOE, pero Sumar advierte que puede recurrir al apoyo del PP para forzar su descongelación y llevarla al Congreso.

La determinación expresada en el Congreso no es frívola: hay enmiendas negociadas y prácticamente cerradas, y el propio Frente Polisario en España, representado por Abdulah Arabi, ha ligado la ausencia del PSOE a una estrategia de no molestar a Marruecos. Esa interpretación no se puede obviar cuando lo que está en juego son derechos humanos y reconocimiento legal.

España está ante una encrucijada de coherencia: o el PSOE vuelve a situar la política exterior por encima de la dignidad de las personas afectadas, o se verá forzado por una mayoría parlamentaria que, desde posiciones dispares, converge en lo esencial. Que no haya bandazos: la política tiene que estar al servicio de la igualdad y de la deuda democrática que este país sigue manteniendo con el pueblo saharaui.

El Congreso ha alumbrado una oportunidad política y moral. Que nadie la desperdigue por cálculos interesados o por prudencias que suenen a cobardía. La historia juzga, y ahora mismo el juicio empieza en la Comisión de Justicia y en la voluntad de quienes decidan hacer valer la mayoría que hoy afloró en la bancada parlamentaria.