El PSOE bajo el foco: primera semana de juicio y el PP apunta al corazón del poder

La sala del Tribunal Supremo volvió a convertirse en escenario de política en estado puro. Terminada la primera semana del juicio por el llamado caso mascarillas, con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el banquillo, el Partido Popular rompió su silencio y disparó con intención: «montaron un sistema corrupto para robar y tapar», dijo la portavoz en el Senado, Alicia García. No es una invectiva casual; es la lectura que el PP hace de los hechos hasta ahora conocidos.

«Puro sanchismo: blindar el robo y llamar confidencial al encubrimiento», añadió García, y Ester Muñoz, portavoz en el Congreso, completó la imagen con una frase que pinta cocina y coartada: «Pretenden desentenderse de Ábalos pero le metieron en la cocina y le pusieron el gorro de chef». Estas expresiones no son literatura: son la traducción política de declaraciones y pruebas que han emergido durante las sesiones judiciales y de las comparecencias ante la comisión del Senado.

El PP ha fijado un relato: no se trata sólo de personas imputadas, sino, en su diagnóstico, del «caso PSOE y el caso de Sánchez». En su exposición señalan la declaración de la empresaria Carmen Pano, que confirmó ante el Tribunal la entrega de 90.000 euros en la sede de Ferraz, y subrayan testimonios sobre «llegaban bolsas de dinero lleno de efectivo a Ferraz», todo ello usado como piezas que, según el PP, apuntan a una financiación irregular del PSOE.

No menos relevante son las objeciones parlamentarias: el PSOE rechazó en noviembre la entrega al Senado de documentación vinculada a las donaciones y al origen de fondos de la sociedad Bancal de Rosas, constituida para sufragar la precampaña de primarias de Pedro Sánchez, y denegó también los documentos sobre gastos abonados a Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García en el periodo 2017-2024. El argumento oficial trasladado al Senado fue que se trataba de documentación de una asociación privada o de contabilidad «confidencial» del partido, entregable sólo a la autoridad judicial.

Ese rechazo alimenta la narrativa del PP: si hay opacidad en la entrega de documentos y declaraciones que relatan trasiegos de dinero, hay, a juicio popular, un conjunto de hechos que exige respuestas y responsabilidades. «Aquí nadie asume responsabilidades», critica Muñoz, y el PP retoma la acusación política: quienes «se aprovechan de estar en cargos públicos y se llevan el dinero crudo» son los que, según su versión, ocupaban las posiciones de mando en el partido y en el Gobierno.

Queda, claro, el terreno de la justicia: un juicio en curso y actuaciones parlamentarias en marcha. Pero la primera semana en el Supremo ya ha modificado el tablero político: ha encendido la alarma del PP, atizado la discusión sobre transparencia y financiación y cuestionado la distancia entre ONG, asociaciones privadas y estructuras partidarias. El resultado procesal corresponderá a los tribunales; el resultado político se juzga ya en la arena pública. Y en esa plaza, por ahora, el PP reclama responsabilidades y el PSOE mantiene su invocación de confidencialidad y privacidad asociativa.

El drama político no es una metáfora: es una secuencia de hechos, declaraciones y negativas documentales que obligan a dar explicaciones. La nación exige claridad, y la política exige asumir consecuencias cuando las preguntas sobre el origen del dinero y la transparencia no encuentran, aún, respuestas que satisfagan al adversario y a la opinión pública.