El PP se abstiene y deja a Vox solo en la batalla contra Bildu

Vox ha vuelto a marcar el paso al PP en el Senado, pero esta vez no logró arrastrar a la mayoría parlamentaria. La moción que proponía impulsar la ilegalización de EH Bildu, defendida con dureza por la portavoz de Vox, Paloma Gómez, fue derrotada en la Cámara alta: 110 votos en contra, 142 abstenciones y los dos síes de la formación de Abascal.

Gómez interpela con fuerza y teatralidad: «¿Cómo es posible que los herederos de quienes apretaron el gatillo dicten las leyes de la nación que intentaron destruir?», y concluye que la respuesta es la ilegalización de Bildu. Fue un discurso pensado para el impacto mediático, para señalar y para forzar al PP: «Tienen la mayoría en esta cámara. No miren el cálculo electoral, miren la firmeza», les dijo, reclamando que eligieran entre «justicia» y cálculo.

El PP respondió con incomodidad y prudencia. Severiano Cuesta subrayó que la ilegalización de Bildu no puede llevarse a cabo con la legislación vigente y recordó que el Tribunal Supremo así lo indicó: los criterios para una medida así «no se cumplen». El PP, en su argumentación, puso por delante la viabilidad jurídica y propuso, en su lugar, endurecer las penas para los terroristas, apelando a una política con «certezas, no un brindis al sol». También volvió a hacerse eco de la línea roja fijada por su líder: el PP puede pactar con todos, pero no con EH Bildu.

La reacción en el hemiciclo no se hizo esperar. La izquierda y los grupos independentistas denunciaron la maniobra de Vox: el PSOE calificó a Vox como el «partido más fuera de la Constitución», mientras EH Bildu cuestionó por qué se insiste una y otra vez en su ilegalización y reivindicó la existencia de una «realidad plurinacional». La senadora de Navarra Uxue Barcos y la portavoz vasca Estefanía Beltrán reprocharon al PP su nueva retórica de «prioridad nacional», advirtiendo de un riesgo para la democracia.

El contexto jurídico es incontestable y fue recordado en la Cámara: el Tribunal Constitucional avaló en 2011 la legalidad de Bildu, anulando la decisión del Supremo que había vetado sus candidaturas al no acreditar «elementos que acrediten la existencia de vínculos» con la ilegalizada Batasuna. Ese precedente sitúa la iniciativa de Vox dentro del terreno de lo improbable desde el punto de vista jurídico, y explica la abstención del PP: más táctica y seguridad jurídica que respuesta visceral.

El episodio revela, en síntesis, una tensión política clara: la estrategia mediática y maximalista de Vox frente a la apuesta pragmática y legalista del PP. El Senado certificó que las emociones fuertes dan titulares, pero que la mayoría parlamentaria opta por reglas, precedentes y viabilidad jurídica. Nada se ganó con la arenga; la Cámara rechazó la moción y la política, por ahora, sigue su curso dentro de los márgenes legales existentes.