El PP evita el choque con Vox y renuncia al debate sobre la 'prioridad nacional'

Vox ofreció en el pleno un catálogo nítido de sus tesis más identitarias y excluyentes. Ignacio Hoces las formuló sin recato: apelaciones al temor, la denuncia de una supuesta “anarquía migratoria” y la síntesis lapidaria de su credo —"El primer deber de un español es proteger primero a los españoles; el segundo, también; y el tercero, también"—. No fue un debate académico: fue la confirmación en público de una estrategia política que predica la prioridad de nacionales sobre quienes no lo son.

Frente a ese torrente, el PP ejerció otra modalidad de resistencia: la de la ausencia argumental. Carmen Navarro subió a la tribuna y eligió la digresión: la corrupción del PSOE, los viejos hits del partido, reproches institucionales. Evitó, deliberadamente, entrar en el nudo del asunto que ocupaba el pleno: la propuesta de repatriación de inmigrantes irregulares y la supresión de la asistencia sanitaria salvo urgencias que Vox debatía.

La maniobra del PP tuvo dos caras. Por un lado, en lo público, silencio sobre las perlas del discurso ultra; por otro, en lo parlamentario, un no rotundo en la votación que tumbó la moción. Antes había presentado una enmienda alternativa, más suavizada, pero que —según el propio texto y la discusión— asumía la filosofía de la “prioridad nacional” plasmada en el pacto de Extremadura que llevó a María Guardiola a la presidencia autonómica. Vox la rechazó por creer insuficiente su literalidad.

Esa contradicción no es baladí: el PP evita confrontaciones que politicen su relación con la extrema derecha en el pleno, pero acepta en territorios el acuerdo que legitima políticas de exclusión. La escena en la Cámara dejó además otra imagen: parte del hemiciclo ignoró el debate; ERC, Junts y EH Bildu se ausentaron; el PNV advirtió que las propuestas de Vox chocan con el “acervo civilizatorio europeo”; y voces de la izquierda imputaron racismo a los ultras.

Lo ocurrido desnuda una estrategia híbrida que varios partidos practican: en el parlamento nacional, distancia formal; en las autonomías, acomodamiento práctico. Es una fórmula que evita pagar el coste político inmediato del choque mediático pero que instala, simultáneamente, normas y discursos de exclusión en la praxis autonómica. Y es también un aviso: la política del silencio y la omisión tiene efectos, porque deja sin deslegitimar públicamente ideas que otros elevan a programa.

El Congreso dictó, por ahora, una resolución minoritaria: la moción de Vox fue tumbada. Pero la conversación pública, la contienda de ideas y la evidencia de compromisos autonómicos quedan en pie. Y en esa tensión se juega una parte sustancial del porvenir cívico: si se defiende la universalidad de derechos o se abre paso la prioridad por nacionalidad, con sus consecuencias sociales y morales. El ciudadano merece saber qué decide cada fuerza no solo en el voto final, sino en el discurso y en los pactos que firma fuera del foco.