El ‘No a la guerra’ sometido a escrutinio: bases, vuelos y dudas

El Gobierno proclama con voz oficial que España ha cerrado su espacio aéreo a cualquier actuación relacionada con la guerra en Irán. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo repite con rotundidad: “No vamos a autorizar... la utilización de las bases de Morón y Rota para ningún acto relativo a la guerra de Irán”. Pero la palabra, por sí sola, no disipa la evidencia de los hechos publicados.

El Mundo contó que, en este primer mes de conflicto, el ejército estadounidense ha realizado más de 70 vuelos desde y hacia Morón y Rota. Ninguno de esos trayectos fue directo hasta el territorio en conflicto, según la información; sin embargo, los aviones que partieron de nuestras bases pudieron continuar su ruta tras hacer escala en otras bases europeas, porque España autoriza únicamente el plan de vuelo inicial.

Ese punto técnico —España autoriza el despegue con un plan inicial— es el que abre la grieta entre la declaración formal y la práctica real. La prohibición, según Robles, fue transmitida “clarísimamente” a las fuerzas americanas desde el primer momento; pero cuando hay más de setenta movimientos vinculados a esas plataformas, surgen preguntas racionales y políticas.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, lo resume con dureza: mensajes contradictorios, improvisación y una “hipocresía” que empaña la pancarta pública del Ejecutivo contra la guerra. No es un reproche menor: la oposición apunta a fragatas desplegadas y a aviones “que han estado circulando” como indicios de que la práctica no coincide con la retórica.

En el otro extremo del arco parlamentario, Podemos también reclama medidas más contundentes. Pablo Fernández pide sacar a los soldados norteamericanos de Rota y Morón e impedir cualquier uso de las bases que pueda facilitar vuelos vinculados al conflicto, y plantea que lo publicado sugiere repostajes en Alemania e Italia antes de operaciones en Irán. Para los morados, la prohibición debe traducirse en acciones que cierren cualquier resquicio.

La sociedad, en cambio, muestra mayor respaldo a la decisión oficial: el CIS de principios de marzo recoge que el 60,2% apoya la no autorización del uso de las bases para bombardeos en Irán, frente al 31,9% en contra. Pero esa mayoría general coexiste con mayor oposición entre votantes del PP y de Vox, donde los porcentajes contrarios a la prohibición son significativos.

Queda así planteado un dilema político: la declaración inequívoca del Gobierno —no autorizar— frente a una realidad operativa que registra movimientos aéreos y suscita desconfianza. La exigencia de transparencia, de detalles y de medidas prácticas prudentes y verificables no es una quimera retórica; es la condición mínima para que la palabra pública recupere credibilidad.

Ni la insistencia verbal ni las banderas retóricas bastan cuando el tablero de operaciones muestra movimientos que alimentan dudas. Si la prohibición es real, debe demostrarse en la práctica; si no, la retórica se convierte en envoltorio de una incoherencia que paga el país entero.