El móvil prohibido: brecha de seguridad en nuestras cárceles

Los números no perdonan. Desde 2021, los funcionarios han requisado 13.208 teléfonos móviles a reclusos; solo en 2025 se aprehendieron 2.466 dispositivos —cerca de siete al día—. Es una realidad tan simple como inquietante: un objeto cotidiano fuera de la ley se ha convertido en moneda de cambio, arma de extorsión y fuente de conflicto dentro de nuestras prisiones.

Tres centros andaluces encabezan la estadística: Almería (756 dispositivos), Málaga (728) y Albolote (647). Les siguen Valdemoro (646) y Estremera (567). En el extremo contrario, Alcalá de Guadaira y Menorca no registran aprehensiones desde 2021. ¿Qué relato nos cuentan esas cifras si no el de prisiones desiguales ante el desafío de controlar lo prohibido?

Los móviles intervenidos no son siempre aparatos sofisticados: muchos no miden más de seis centímetros, se ocultan en un zapato o en cavidades del cuerpo y se venden en la red por poco más de 20 euros. Pero la otra cara del tablero es la del smartphone con acceso a internet, cada vez más habitual y mucho más peligroso: permiten eludir controles y mantener actividades delictivas desde el interior, como advierte el sindicato Acaip.

¿Cómo llegan estos dispositivos al interior? Por las vías que revela la práctica: familiares durante las visitas vis a vis, internos que regresan de permisos con objetos ocultos —se llegó a hallar uno dentro de un tubo de pasta de dientes— e incluso a través del cielo, dejados caer en los patios desde drones. Es decir, la tecnología usada por la sociedad se infiltra y se revierte contra el propio orden institucional.

La respuesta institucional existe en forma de sanciones: la tenencia es falta grave, con reducciones de tiempo de patio, cambios de módulo y anotaciones en el expediente que afectan a permisos futuros. También existen medidas técnicas: desde 2008 se instalaron inhibidores de frecuencia en buena parte de las cárceles. Pero Acaip denuncia que esos inhibidores han quedado obsoletos y que las plantillas no están dimensionadas ni dotadas con medios para localizar eficazmente estos equipos.

Frente a esta situación, cabe preguntarse con rigor: ¿basta con sancionar al recluso o es necesario modernizar los instrumentos de control y reforzar plantillas? Detectar y decomisar miles de dispositivos requiere recursos humanos y técnicos: requisas, cacheos y controles constantes no son gesto simbólico, sino esfuerzo cotidiano de los funcionarios.

No es momento de dramatismos gratuitos, pero tampoco de complacencias. Cuando el número de móviles incautados ronda los miles y los métodos de entrada evolucionan —muchos vía drones—, la respuesta debe ser proporcional y eficaz. Modernizar sistemas de bloqueo, optimizar protocolos de visita y dotar a los centros de medios y personal adecuados no son delegables al azar: son obligaciones que afectan a la seguridad interna y a la posibilidad de que el régimen penitenciario cumpla su función de reinserción.

Los datos aportados no admiten dudas ni atajos retóricos. Son llamados de atención concretos: hay que actuar, con decisión y con medios, antes de que lo que hoy es un problema de seguridad se convierta en la normalidad tolerada de mañana.