El monumento de Ávalos: entre el arte y la guerra política

La piedra y el bronce no se libran de la política. El «Monumento a la Paz de Tenerife», la masiva efigie de Juan de Ávalos que preside el paseo marítimo de Santa Cruz desde 1966, ha vuelto a situarse en la encrucijada: el dictamen técnico del área de patrimonio arquitectónico del Gobierno de Canarias ha rechazado su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

No es una mera formalidad: la ponencia emitió su informe con una abstención y el resto de votos en contra. Ese pronunciamiento se remitirá al Consejo de Patrimonio Cultural del Ejecutivo canario, que deberá emitir la última palabra sobre un expediente incoado por el Cabildo de Tenerife en octubre de 2024 para dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, fechada el 28 de junio de 2024, que dio la razón a la Asociación San Miguel Arcángel y exigió preservar el conjunto.

En el bando de la defensa, la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel —que ya consiguió una protección cautelar— sostiene que el procedimiento «no ha concluido» y confía en un desenlace favorable. Su presidente, Luis Sosa-Tolosa del Valle, además concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, insiste en el valor artístico del conjunto, recuerda el nombre que le dio su autor —«Monumento a la Paz de Tenerife»— y subraya que la obra figura en el inventario de la Fundación Juan de Ávalos. También recuerda un dato histórico del escultor: Ávalos fue depurado en 1942 por falta de confianza.

Frente a ellos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife celebró el «varapalo» del informe técnico y reclamó la retirada inmediata del emblema del espacio público, al que buena parte de la ciudadanía asimila ya como parte del paisaje urbano. La polémica no es nueva: un catálogo de símbolos franquistas elaborado por el Ejecutivo canario cuando gobernaba el PSOE —con Ángel Víctor Torres— señalaba la necesidad de retirada del monumento; ese catálogo fue posteriormente anulado por el actual Gobierno insular.

Los argumentos se encuadran igualmente en términos jurídicos y culturales. Los defensores de la conservación apelan a la Ley de Memoria Democrática para sostener que si una obra posee valor artístico y no exhibe rótulos o simbología que exalten o menosprecien, no procede su retirada sino su protección. También alegan el respaldo de «informes de prestigiosos juristas» y anuncian que agotarán las vías legales para salvaguardar lo que consideran patrimonio de todos los canarios.

La foto del proceso es además una de pulso institucional: un expediente abierto por el Cabildo para ejecutar una resolución judicial; un informe técnico en el Ejecutivo regional que desaconseja la declaración de BIC; asociaciones enfrentadas y un Consejo de Patrimonio al que corresponderá, ahora, zanjar la controversia. La decisión que tome ese órgano no será un tecnicismo administrativo: marcará el lugar donde quedará emplazado, por años, el equilibrio entre memoria histórica y tutela del patrimonio artístico en Tenerife.