El limbo legal que devora a los más vulnerables

La regularización extraordinaria desatada por el Ejecutivo abre esperanzas. Pero las leyes y los decretos no son solo luces: también son sombras. Y en esa sombra han quedado, sin recurso ni amparo efectivo, dos grupos que el texto deja fuera: los apátridas y los menores extranjeros no acompañados cuya edad ha sido puesta en duda.

Los apátridas, personas a las que ningún Estado reconoce como propio, habían aparecido en los borradores iniciales. Pero Interior pidió su exclusión y el Consejo de Estado avaló ese criterio en el informe que llevó a modificar el decreto. No es un detalle: se trata de miles de expedientes a lo largo de los últimos años —solicitudes de reconocimiento de apatridia que superan, acumuladas, los millares según las memorias citadas—, personas que ya tramitan un procedimiento específico y que, según fuentes del ministerio, cuentan con vías de protección y derecho a residencia y trabajo por esa vía. La casuística, sin embargo, no es homogénea; hay quienes disponen incluso de pasaportes caducados que podrían entrar en la regularización, y otros para quienes la obtención de antecedentes penales en su país de origen resulta imposible o incierta.

El segundo caso es de una dureza moral incuestionable: cerca de 2.500 jóvenes llegaron solos y traen pasaportes biométricos expedidos por sus embajadas en España que los señalan como menores. Aun así, han sido sometidos a pruebas físicas de determinación de edad —o se negaron a someterse— y la Fiscalía dictaminó que son mayores. El resultado es cruelmente lógico en su ilógica: dos documentos legales que se contradicen y que dejan a esos chicos sin tutela, fuera de la regularización como mayores y sin la protección que corresponde a un menor. Algunos, expulsados de centros de tutela, han acabado en la calle.

Las cifras de la Fiscalía de 2024 hablan con frialdad administrativa: 7.562 expedientes de menores no acompañados tramitados y 2.457 considerados mayores. La consecuencia práctica la cuentan organizaciones y voluntarios: jóvenes sin tutor que no pueden autorizar una intervención médica, inscribirse en un instituto, pertenecer a un club o alquilar una habitación porque su pasaporte dice una cosa y la Fiscalía otra.

Hay sentencias y dictámenes internacionales que han cuestionado la práctica de las pruebas físicas para determinar la edad, y asociaciones como Raíces han logrado resoluciones favorables en el Tribunal Supremo y en organismos de Naciones Unidas. Aun así, el procedimiento persiste y el vacío legal se mantiene: si un pasaporte certifica la minoría, pero la Fiscalía concluye lo contrario, el joven queda en un limbo administrativo que se traduce en exclusión social y desprotección.

El caso individual lo personifica Mame, un senegalés cuyo pasaporte pone 17 años y que fue expulsado de un centro en Asturias tras la valoración fiscal que le consideró mayor. Ahora vive refugiado en casa de un amigo en condiciones precarias, dependiente de la acción voluntaria para seguir adelante. Y hay más: fundaciones que atienden a decenas de chicos en esa situación se ven obligadas a pedir al Gobierno la prohibición de las pruebas físicas que tanto daño causan.

No se trata de retórica: es la constatación de que un acto de regularización, pensado como reparación y orden administrativo, ha terminado por crear una frontera nueva dentro de la misma política migratoria. Unos entran por la puerta; otros quedan en el patio, sin llave. El legislador puede alegar procedimientos existentes para la apatridia o la necesidad de pruebas. Lo cierto es que el resultado es humano y brutal: jóvenes sin tutela, personas sin país, miles de expedientes que no caben en el decreto y cuyas vidas no admiten demoras.

El deber mínimo del Estado es coherencia normativa y reparación material: quien tiene un pasaporte que certifica la minoría no puede quedar desamparado por una contradicción documental; quien es apátrida no puede ver cerradas todas las vías de regularidad en un solo trámite. La política pública no puede contentarse con informes técnicos cuando deja a miles en el desamparo. Eso no es orden; eso es exclusión institucionalizada.