El impudor como estrategia: ocho años más mientras declara el tribunal

En el Congreso, entre la liturgia parlamentaria y el zumbido informativo, Pedro Sánchez lanzó una proclama: «a España lo que necesita son ocho años más de gobierno progresista». Lo dijo respondiendo al PNV, en la víspera de la declaración de Víctor de Aldama en el juicio del caso Koldo, también conocido como caso Mascarillas.

Es un gesto que no puede separarse del escenario inmediato: por los pasillos del Supremo habían desfilado escorts, misses y todo el folklore de una causa cuyo fondo, según el propio De Aldama, fue nada menos que la penetración de una trama corrupta en el Gobierno y en el PSOE. De Aldama relató a los jueces cómo encontró facilidades para su operación al toparse con ocupantes de puestos críticos —el ministerio con más presupuesto y la Secretaría General del PSOE— a quienes definió como ansiosos por ser corrompidos. Esos puestos los había colocado, y con autoridad, quien hoy promete continuidad de ocho años.

¿Qué hace el poder cuando lo llaman a rendir cuentas y las cámaras vuelven la cara incómoda? Convierte el impudor en activo y el cinismo en lengua oficial. Avergonzarse, sostiene el hecho público, se ha tornado en señal de debilidad. Mejor no sonrojarse, mejor desafiar el espectáculo judicial con una declaración de ambición temporal. Así se neutralizan respuestas, así se trivializa el choque entre lo público reclamando probidad y lo privado dejando rastro.

No es menor la descripción que ofrece la propia crónica: el presidente se erige en adalid moral para decidir quién está en el lado bueno de la historia y quién en el malo; por el camino, la representación parlamentaria queda constreñida cuando se prescinde de presupuestos y se gobierna mediante atajos administrativos. Que a Delcy Rodríguez, según la nota, le haya sido expedido el pasaporte aparece como anécdota que encaja en el mapa más amplio de decisiones que el Ejecutivo asume en clave de soberanía moral.

Que estas afirmaciones se mezclen con declaraciones judiciales que señalan la infiltración de la corrupción en espacios de poder no es un detalle menor: plantea una tensión entre voluntad de permanencia y la gravedad de lo que se prueba en sede penal. El gesto de pedir ocho años más en ese contexto revela una apuesta por transformar la desvergüenza en normalidad y eludir así la carga del escándalo.

La política, cuando adopta el tono del trampantojo moral y despliega la seguridad de quien no piensa dimitir en su lenguaje, corre el riesgo de convertir la ejemplaridad en retórica. Y cuando la ejemplaridad falla, lo que queda es la durabilidad del mando: prometer ocho años más en mitad de un juicio que afecta a primeras figuras del entorno no es solo ambición; es una decisión sobre cómo gestionar la reputación pública en tiempos de investigación.