El Gobierno desprecia al Parlamento y Junts reclama urnas

La política española no es un conciliábulo de buenas intenciones: es un combate de legitimidades. Junts, que rompió con el Gobierno el pasado otoño, denuncia ahora con claridad lo que muchos perciben como una deriva ejecutiva: decretos y normas que se aprueban sin consulta y sin el trámite parlamentario que exigiría la normalidad democrática. La regularización de inmigrantes, citada por la formación, ha sido la chispa que ha encendido un malestar acumulado.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, eligió la tribuna de control para convertir ese cansancio en demanda explícita: pidió al presidente que adelante las elecciones. No fue un gesto retórico: fue la lectura política de un hecho sencillo y preocupante para quienes creen en el Parlamento como foro decisorio. Junts reprocha que el Ejecutivo recurra a decretos, que prescinda de acuerdos y que, en su diagnóstico, menosprecie las instituciones catalanas y las necesidades de pymes, autónomos y clases medias de Cataluña.

El pulso en el pleno no fue ajeno a la coyuntura general: Sánchez y Feijóo volvieron a encenderse en su habitual refriega. El líder del PP cargó contra la gestión del Ejecutivo poniendo sobre la mesa fallos en Cercanías, Rodalies y AVE y casos judiciales que afectan a cargos públicos. El presidente respondió con cifras y retos cumplidos —recordó que España alcanzó los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social antes de que termine la legislatura— y reprochó al PP el acuerdo alcanzado con Vox en Extremadura para investir a María Guardiola.

Esa referencia apunta a un nudo político mayor: la negociación autonómica entre PP y Vox en Extremadura se convierte para el presidente en ejemplo de riesgo institucional. En la sesión de control Sánchez no dudó en vincular ese acuerdo con una pérdida de principios constitucionales y usó, además, la acusación que figura ya en el debate público sobre la financiación del PP: "Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B", dijo en réplica a las críticas del líder de la oposición.

Junts, entretanto, dibuja otro mapa: no sólo reprocha la forma —decretos, puertas traseras— sino la sustancia. Nogueras señaló que la regularización de inmigrantes, aprobada sin el trámite que ella exige, es una política que, según su argumento, no está siendo seguida por otros países de la Unión Europea y que deja costes y cargas que acabará soportando la ciudadanía catalana.

La Cámara quedó así como espejo de una fractura: un Gobierno que, según sus críticos, gobierna por decreto y negocia con quien le conviene; una oposición que alterna reproches por gestión con acusaciones de corrupción; y un partido independentista que, habiendo sido aliado, ahora reclama con serenidad pero con firmeza la convocatoria de elecciones. Preguntar por la situación política actual en España ya no es retórica: es preguntar por la legitimidad del modo en que se toman decisiones.

No hay en estos hechos una respuesta única ni un atajo institucional. Hay, en cambio, preguntas que claman por contestación democrática: ¿se recuperará el Parlamento como foro central de decisión? ¿tendrá la ciudadanía la ocasión de pronunciarse en unas urnas anticipadas? Junts ha puesto su pulso sobre la mesa. El escenario político, por su parte, sigue siendo un tablero en el que se juegan principios, acuerdos y futuros electorales.