El Gobierno acelera la regularización: decisión política contra viento y marea

El Gobierno ha decidido apretar el paso. Lo que hasta hace poco era un proyecto disputado en el debate público se ha convertido en una decisión inminente: llevar al Consejo de Ministros, el martes 14 de abril, la reforma del reglamento de la ley de extranjería que abrirá una regularización extraordinaria para quienes ya residen y trabajan en España de forma irregular.

No es una ocurrencia: el texto cuenta, según fuentes, con el visto bueno en lo sustancial del propio Consejo de Estado. Ese aval no es menor: confirma que la vía elegida —la modificación reglamentaria, como en regularizaciones previas— es jurídicamente viable y evita, por el cauce elegido, la tramitación parlamentaria directa. Pero el informe no es un cheque en blanco: plantea observaciones técnicas que ahora se incorporan y que los departamentos implicados están afinando con trabajo interministerial (Inclusión, Justicia, Política Territorial, Interior).

La norma, tal y como la redactan los equipos técnicos, abre el proceso a quienes puedan acreditar cinco meses de residencia y siempre que “carezcan de antecedentes penales y no supongan una amenaza para el orden, la seguridad o la salud públicos”. Esa cláusula, precisa y llena de aristas, es precisamente la que obliga a matizar procedimientos: cómo se comprueban los antecedentes, qué plazos manejan los países de origen para responder, y qué cargas probatorias recaerán sobre las administraciones.

En la vanguardia jurídica y técnica se sitúan la ministra Elma Sáiz, que lidera los retoques finales, y el ministro Félix Bolaños, muy atento a los aspectos jurídicos. El objetivo declarado es dejar la norma lista para un trámite exprés que se extiende hasta finales de junio, minimizando posibles sorpresas en los tribunales, previsión lógica ante la previsible batalla judicial y política.

Porque la batalla política es abierta. PP y Vox han adoptado desde el primer momento una postura de rechazo rotundo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que recurrirá la norma. Frente a ese frente, la iniciativa cuenta con apoyos inesperados para algunos: recibe el respaldo de la Iglesia y de la patronal, y su origen es una iniciativa legislativa popular impulsada por colectivos vinculados a entidades religiosas y sociales.

El escenario internacional añade contraste: mientras muchos gobiernos europeos hablan de expulsiones y medidas más drásticas, España opta por la regularización como instrumento de política migratoria. El Gobierno lo presenta como una apuesta por un modelo económico y social que, según su razonamiento público, ha integrado a millones de personas y ha generado empleo, crecimiento y recaudación. Esa manifestación de singularidad coincide además con la visita del Papa y con el calendario electoral andaluz, factores que sin duda politizarán aún más el debate.

El Gobierno asume la decisión política y se prepara para la confrontación pública y jurídica. Que el Consejo de Estado avale lo fundamental ofrece al Ejecutivo una argamasa técnica para sostener la iniciativa; que la oposición la combata con ferocidad anuncia que la norma será, además, un campo de disputa simbólica sobre el modelo de país que queremos: cierre y cerrazón o integración y regulación ordenada. Sobre la mesa está la imagen de España frente a Europa y la decisión de convertir una medida administrativa en un pulso político de gran calado.