El estruendo que nadie quiere oír, pero la Unión Europea obliga a corregir

Hay cuestiones que no admiten complacencias ni silencios cómplices. El clamor de quienes habitan el entorno del aeropuerto Miguel Hernández —el Altet, Torrellano, Bonavista, Buenos Aires y otras pedanías— no es una queja menor: es la constatación de un impacto que resume, en clave local, una obligación europea. Compromís per Elx ha elevado ese clamor al pleno municipal porque el derecho a un entorno habitable tiene rango de urgencia.

El Ministerio de Transportes aprobó en marzo de 2022 el plan de acción asociado al mapa estratégico de ruido del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, una estrategia exigida por la Unión Europea para aeródromos con más de 50.000 operaciones. Esa norma comunitaria no es papel mojado; busca minimizar el efecto de las infraestructuras sobre las personas. Pero las políticas se pudren si se elaboran con datos que ya no responden a la realidad.

El propio plan se elaboró con datos de 2021, año marcado por la pandemia. Hoy esas cifras quedan cortas frente a la actividad real del aeródromo: el texto de la moción recuerda que el aeropuerto cerró 2025 con 19,9 millones de pasajeros, un aumento del 8,5% respecto al ejercicio anterior. Y donde hay más vuelos, hay más ruido. Esa relación simple y brutal exige que las medidas previstas se ejecuten sin excusas.

Compromís no plantea vaguedades: la moción exige ampliar la huella acústica para abarcar a la población realmente afectada; revisar trayectorias de vuelo para proteger las zonas densamente pobladas; renovar la flota por modelos menos ruidosos; y proseguir las subvenciones a la insonorización de viviendas. También reclama mayor monitorización con más estaciones de medida y el desarrollo del reglamento del ruido aeroportuario previsto por la ley. Son acciones concretas, verificables, exigibles.

A la par, las asociaciones vecinales plantean medidas complementarias: barreras vegetales alrededor del aeródromo que atenúen ruido y contaminación, accesos ciclopeatonales demandados por los trabajadores y trabajadoras, y aparcamientos gratuitos para quienes prestan servicio en las instalaciones. Son propuestas prácticas que, lejos de impedir la actividad aeroportuaria, buscan compatibilizarla con la calidad de vida de los residentes.

Mientras el debate local se plantea sobre las mesas del pleno y en la comisión de seguimiento ambiental en la que participa el Ajuntament d’Elx, cabe una pregunta clara y sin retórica: ¿se van a aplicar las medidas del plan y se actualizarán sus criterios con datos reales, o primarán proyectos —como la segunda pista citada por la portavoz— que solo aumentarán la carga ambiental y acústica del municipio? La Unión Europea marcó el camino; corresponde a nuestras autoridades locales y al Ministerio caminar por él y rendir cuentas a los vecinos.