El esperpento de la corrupción: bipartidismo en el banquillo

Traigo a colación una imagen que duele y divierte a partes iguales: la sátira cruda de Torrente como espejo invertido de nuestra vida pública. No por gracia, sino por reflejo. Porque cuando la deformación grotesca deja de ser solo carcajada y pasa a ser radiografía, estamos en presencia de algo más que un disparate: estamos ante la comprobación de fallos graves en el sistema político.

La próxima semana se ventilarán en sede judicial dos causas que iluminan esa misma fractura. Una, el caso Kitchen, que saltó a la opinión pública en 2018 y cuya actividad investigada hay que remitir a 2013; otra, el primer juicio de la trama en la que aparecen Ábalos y otros personajes, con episodios que, en parte, se remontan a la pandemia —como el asunto de las mascarillas—. Dos naturalezas distintas: uno apunta, según las diligencias, al presunto uso ilegal de recursos públicos desde el Ministerio del Interior para proteger a un partido frente a investigaciones; el otro a la instrumentalización administrativa para ventajas privadas. Pero en ambos casos la consecuencia es la misma: políticos y estructuras públicas interrogadas por la Justicia.

Que los hechos juzgados pertenezcan a un pasado algo lejano no es detalle baladí. La «lechuza de la Minerva judicial» —tarda, pero llega— impone garantías y, al mismo tiempo, evita el olvido. Que lo ocurrido reaparezca en el espacio público, como un elefante en una cacharrería, refuerza la sensación de desánimo cívico a la que ya nos hemos acostumbrado con demasiada facilidad.

Y aquí está el peligro más profundo: la polarización que transforma la indignación en munición partidista. Cada caso de venalidad política alimenta la desconfianza; cada escándalo ajeno se magnifica, y cada escándalo propio se minimiza. La termita que corroe la confianza en la política no distingue tonos ni matices: blanquea, grisa o ennegrece según la conveniencia, pero siempre devora. Cuando la reacción pública se reduce a defender lo propio y demonizar lo ajeno, lo excepcional corre el riesgo de volverse rutina y el esperpento deja de ser denuncia para convertirse en paisaje cotidiano.

Coincidirán estos juicios con el periodo electoral en Andalucía. No es un dato menor: la prueba no será solo jurídica, sino política y moral. Se pondrá a examen hasta qué punto el partidismo sabe ponerse a un lado y permitir que la salud democrática prevalezca sobre el tacticismo electoral. Ahí se juega la credibilidad del sistema y la capacidad de los partidos para ser implacables con sus propias faltas, sin abandonar la fe en los ideales que dicen representar.

Que la Justicia actúe no apaga la necesidad de una autocrítica pública severa. Si la política quiere rehacerse de su descrédito debe aceptar dos verdades incómodas: que la corrupción, en cualquier grado, alimenta la desafección; y que la hipocresía, cuando se convierte en norma, transforma la política en puro teatro. Es hora de exigir transparencia, responsabilidad y coherencia. Y de recordar que la democracia resiste, pero exige, de quienes la ejercen, algo más que eslóganes y ministerios a la defensiva.