El espejo incómodo de Aznar que hoy mira Sánchez

La política no perdona la memoria. Cuando se pregunta si el presidente Pedro Sánchez irá al Congreso a explicar la posición de España ante el conflicto en Irán, la respuesta del Gobierno es casi una obviedad: sí. Otra cosa es el cuándo y el cómo. Y en esa vacilación resuena, de manera nítida, el eco de 2003, cuando José María Aznar dejó un vacío parlamentario que tardó diez meses en llenarse.

Aznar acudió al Congreso en los días previos a la invasión de Irak en cuatro ocasiones en dos meses, culminando con comparecencias el 4 y el 18 de marzo de 2003, en vísperas de los primeros ataques. Pero aquella presencia fue a su vez reticente: la defensa de la resolución presentada por Estados Unidos en la ONU no la hizo el propio presidente desde la tribuna, sino diputados y ministros; las razones de la adhesión se reservaron para momentos puntuales y, sobre todo, la decisión sobre la eventual participación de tropas se anunció que no requeriría consulta previa a las Cortes, sino una información a posteriori "con carácter inmediato". Esa información, en la práctica, se demoró hasta diciembre de 2003, tras el asesinato de siete agentes del CNI.

No es un detalle menor: la deliberada interpretación gubernamental de las atribuciones previstas en el artículo 97 de la Constitución y las referencias a la Ley Orgánica de Criterios Básicos de la Defensa Nacional de 1980 sirvieron entonces para justificar una actuación ejecutiva amplia en materia de defensa. Pero las propias normas y la Constitución contienen contrapesos: el artículo 63.3 reserva a las Cortes la autorización previa para declarar la guerra y para ciertos tratados militares; la ley encomienda a las Cortes el control de la acción del Gobierno y la autorización de compromisos militares.

Es legítimo, en democracia, debatir la delimitación precisa de competencias entre el Ejecutivo y las Cortes en asuntos de seguridad y defensa. Es igualmente legítimo recordar precedentes. Y es exactamente eso lo que trae hoy el PP, al registrar una petición de comparecencia urgente, y lo que invoca el propio presidente Sánchez al negar que se quieran repetir "errores" o "regalos" del pasado, en referencia explícita al llamado trío de las Azores.

Los hechos que se relatan no permiten juicios morales que añadan datos: documentan, sí, una praxis que dejó una laguna informativa durante meses en un asunto de máxima trascendencia internacional. Estados Unidos, por su parte, trabajó años antes en la construcción de la justificación de la invasión —con hitos como la comparecencia de Colin Powell ante la ONU en febrero de 2003— y ese contexto internacional condicionó políticas y decisiones.

También conviene recordar que no fue la primera vez que un Ejecutivo español adoptó despliegues sin consulta previa al Parlamento: el artículo pone en relación aquella práctica con el envío de buques al Golfo en 1990 por parte del presidente Felipe González, refrendada entonces por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El precedente externo y la práctica política interna trazan un mapa complejo que exige no solo explicaciones, sino reglas claras.

Si Sánchez va al Congreso, como parece muy probable, lo hará con el lastre y la lección de 2003 como telón de fondo. Si opta por fórmulas distintas —como la declaración institucional ofrecida en La Moncloa sin preguntas—, el escrutinio público y parlamentario tendrá, con toda razón, la mirada puesta en aquel precedente. La democracia exige que, cuando se trata de desplegar o autorizar actuaciones en materia de defensa y relaciones exteriores, las explicaciones no sean episodios posteriores que salven las apariencias, sino mecanismos de control y de responsabilidad claros y puntuales.

La política es, entre otras cosas, la memoria aplicada al presente. Y ningún Gobierno puede eludir esa memoria sin pagar el coste de la desconfianza.