El Ejecutivo separa vivienda del decreto de guerra para apagar la alarma en la coalición

El Consejo de Ministros duró apenas una hora. Menos tiempo del que se tardó en registrar el plantón de Sumar. Esa brevedad no es casualidad: expresa, en clave administrativa, una operación de contención política.

El Ejecutivo ha acordado aprobar dos decretos distintos. Uno acoge las medidas sobre vivienda reclamadas por sus socios; el otro preserva el texto concebido para dar respuesta a la crisis derivada de la guerra en Irán. Es la fórmula elegida para resolver la crisis abierta en el seno de la coalición sin arriesgar la aprobación del decreto vinculado al conflicto exterior.

La decisión busca, según se informa, que el decreto sobre la guerra de Irán no quede "contaminado" por medidas de emergencia habitacional que no cuentan con apoyos suficientes en el Congreso y que, por tanto, podrían condenarlo al rechazo parlamentario. Es, en esencia, una maniobra para segregar política y procedimiento: dos textos, dos destinos.

No se trata de un giro jurisprudencial ni de un ardid retórico: es una elección práctica. Separar los asuntos evita que el destino de una cuestión —la urgente respuesta al impacto internacional por la guerra— quede supeditado a las disputas internas por otra —la respuesta a la emergencia de vivienda— cuyo respaldo en la Cámara es más frágil.

Queda en evidencia que la gobernabilidad pasa por decisiones de contención y maquillaje legislativo: si la coalición tropieza en una de sus facciones, el Ejecutivo opta por el mecanismo instrumental de dividir el paquete y presentar porciones manejables al trámite parlamentario.

No se han anunciado aquí nuevos plazos, cifras o enmiendas: lo constatado es la fragmentación deliberada del Ejecutivo para salvar el decreto de mayor calado exterior y, al mismo tiempo, intentar atender las demandas internas sin hipotecar su trámite en el Congreso. Esa es la realidad política que hoy nos deja el breve Consejo de Ministros y el gesto de Sumar que lo antecedió.