El Congreso detiene la rebaja de la tasa de alcohol: victoria de la prudencia o derrota de la prevención?

La Comisión de Interior del Congreso, con competencia legislativa plena, ha dicho no. La proposición de ley del PSOE que aspiraba a reducir la tasa máxima de alcohol de 0,5 a 0,2 gramos por litro de sangre (0,1 mg/l en aire expirado) fue rechazada este miércoles: 19 votos en contra frente a 18 a favor. PP, VOX, UPN y ERC cerraron filas en contra; PSOE, Sumar y PNV la apoyaron.

Es un resultado tan escaso como revelador. No se trata solo de una aritmética parlamentaria: es la fotografía de un debate en el que convergen técnicas jurídicas, prioridades de seguridad vial y cálculos políticos. La portavoz del PP, Bella Verano, acusó a la iniciativa de nacer “con una evidente falta de contenido y de solidez” y puso en tela de juicio su vía de tramitación, preguntando por qué no se ha presentado como real decreto o proyecto de ley del Gobierno. Su reproche apunta a la responsabilidad institucional y al procedimiento: quien impulsa medidas de este calado, dijo, debe asumirlas con todos los análisis técnicos que correspondan.

El cruce de argumentos revela visiones contrapuestas sobre la eficacia de la norma. Manuel Arribas, portavoz del PSOE, defendió la proposición como un avance en la protección de la vida y la seguridad en las carreteras y la alineó con recomendaciones europeas. Sumar, por su parte, habló de “tolerancia cero” y aseguró que la medida salvaría vidas, especialmente en verano. El PNV secundó la iniciativa apelando a la prevención y a la salud pública.

Pero no faltaron voces críticas con el fondo o la forma. VOX afirmó compartir el fin, pero tildó los medios de desproporcionados y con un supuesto carácter recaudatorio. ERC, por boca de Inés Granollers, defendió una tasa 0,0 y calificó la proposición de insuficiente, acusando a PSOE y Sumar de optar por una fórmula de apariencia que no resolverá los verdaderos problemas: según Granollers, quienes provocan accidentes por alcohol suelen superar con creces los límites permitidos.

Incluso entre quienes apoyaron la medida hubo matices sobre la idoneidad del trámite y la necesidad de acompañarla con medidas complementarias: más controles, campañas educativas, sistemas de bloqueo por alcohol y recursos. La réplica del PP y de la propia representante del PNV reincidió en que una reducción de la tasa aislada no basta si no va de la mano de un paquete integral de medidas.

El rechazo en Comisión deja sin recorrido parlamentario la iniciativa y detiene una reforma que hace un año había dado su primer paso en el Pleno del Congreso. No habrá tramitación en el Senado. Queda, por tanto, la sensación de una oportunidad perdida para unos y de prudencia democrática para otros. Y surge la pregunta que late sobre cualquier debate de seguridad pública: ¿es preferible actuar con decisión e introducir límites más estrictos cuanto antes, o esperar a un diseño técnico y operativo que garantice eficacia y aplicación homogénea?

El veredicto de la Comisión no cierra la discusión social ni técnica sobre alcohol y conducción. Lo que sí deja claro es que, en la arena parlamentaria, la política de seguridad vial sigue siendo terreno de disputas: sobre el procedimiento, sobre las prioridades y sobre el alcance real de las medidas. Mientras tanto, la carretera conserva su realidad tangible: conductores, controles, campañas y, desgraciadamente, accidentes. Esa es la urgencia que debería guiar cualquier decisión más allá de la retórica y del cálculo político.