El colapso del Jet Set: una herida nacional que exige respuestas

La noche del 7 al 8 de abril de 2025 no fue una noche cualquiera: fue la noche en que un techo se vino abajo y la celebración se tornó en catástrofe. Doscientos treinta y seis muertos; más de 180 heridos; al menos 174 menores convertidos en huérfanos. No son cifras para el olvido: son cuentas que pesan en la conciencia pública y en la balanza de la justicia.

En el corazón de Santo Domingo, el Jet Set —antes cine de los años 70, convertido en templo del merengue y la bachata— cobró una vida simbólica y real. Allí, donde Rubby Pérez elevaba la voz, donde profesionales y figuras conocidas celebraban, se desplomaron toneladas de hierro y hormigón. Entre las víctimas hay médicos, deportistas y ciudadanos de a pie; entre ellos, Lorraine, médica internista, cuyo último mensaje quedó guardado en el teléfono de su madre.

El drama no surgió de la nada. Testimonios y materiales de la investigación señalan que las filtraciones y desprendimientos eran recurrentes. Reparaciones puntuales que no resolvieron un problema estructural acabaron siendo paliativos ante un riesgo evidente. Peor aún: aquella misma mañana hubo incidencias en el techo y, aun así, el local abrió sus puertas. Es una sucesión de hechos que interroga sobre negligencias evitables.

No hay espacio para eufemismos: los propietarios del local, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, están en el centro de la escena judicial. Él, empresario con intereses mediáticos; ella, directora operativa del Jet Set. Frente a los tribunales, las familias esperan que la respuesta procesal esté a la altura de la magnitud de lo perdido. El duelo convive con la espera y con la demanda de castigo por quienes, a juicio de las víctimas, deben responder.

La crónica de supervivientes, como la de Ana María, enterrada horas bajo los escombros, o la imagen de Marilin mostrando la última conversación de su hija, ponen rostro y palabra al reclamo de la sociedad: no basta con la conmoción; la Nación reclama claridad, responsabilidades y justicia efectiva. Periodistas de investigación, como Camila García Durán, han sido clave en sacar a la luz pruebas y testimonios que ayudan a reconstruir la verdad.

Este país que comparte memoria de aquel templo nocturno —vendedores, taxistas, abogados, empresarios— merece respuestas transparentes. No se trata solo de juzgar, sino de aprender: determinar qué falló, por qué no se actuó frente a señales previas y cómo evitar que una fiesta termine, jamás, en tragedia. La indignación no es un espectáculo; es la primerísima demanda de quienes perdieron a sus seres queridos.

La vista preliminar del 27 de abril refleja algo más que un trámite procesal; es el pulso de una sociedad que exige que la ley no sea letra muerta ante el dolor. Sea cual sea el veredicto que dictamine la razón jurídica, la política y la administración pública tienen la obligación de escuchar y corregir, para que el país no siga acumulando heridas sin reparación. República Dominicana merece esa respuesta, las familias la necesitan y la memoria de los caídos la reclama con justicia.