El CIS en el banquillo: el PP lleva a Tezanos ante la Justicia

La política no admite distracciones ni medias verdades. Cuando una institución pública tutela información que puede condicionar el voto, la sospecha no es una anécdota: es una alarma democrática. El Partido Popular ha decidido responder en los tribunales: presentará querella contra José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por indicios de un posible delito electoral.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha hecho público lo que el partido entiende como una conducta intolerable: una utilización “absolutamente partidista” del CIS, que según su diagnóstico estaría inclinando los resultados de los sondeos a favor del PSOE y, en concreto, de Pedro Sánchez. El último barómetro del CIS, publicado la semana pasada, coloca al PSOE como primera fuerza con una ventaja de 8,5 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo en intención de voto, una previsión que difiere de la mayoría de las empresas privadas.

No se trata solo de discrepancias técnicas: el PP basa su acción penal en la posible vulneración de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, citando expresamente los artículos 69 y 145, que regulan la publicación de encuestas en periodo electoral y las sanciones aplicables. La querella será presentada en los Juzgados de Plaza de Castilla “en los próximos días”, según ha anunciado la propia Gamarra.

La acusación es rotunda en su lenguaje y en sus consecuencias: hablar de encuestas financiadas con dinero público como si fuesen un instrumento al servicio de un partido es, para los populares, llamarlo por su nombre: “corrupción”. Más aún cuando, sostienen, esos sondeos se publican en “momentos clave” de la precampaña y campaña, cuando su impacto sobre la opinión pública y la movilización del electorado puede ser decisivo.

Gamarra ha señalado además la existencia de un supuesto “nuevo método” en el CIS que, según el PP, carecería de aval científico y cuyo único objetivo sería “inflar sistemáticamente al partido del Gobierno”. Es una acusación grave que convierte una discusión metodológica en una cuestión de confianza democrática: si una institución pública pierde su neutralidad percibida, la ciudadanía pierde un referente crucial para formarse opinión.

El PP no ha improvisado esta ofensiva: fuentes del partido indican que la acción penal se venía preparando y que se apoya, entre otros elementos, en las conclusiones de la comisión de investigación sobre el CIS impulsada por los populares en el Senado. Esa investigación parlamentaria sirve ahora como sostén político y jurídico del paso que el partido da ante la Justicia.

Queda por ver cómo abordarán los tribunales las pruebas y argumentos que aporte el PP y cómo responderá el propio CIS a estas acusaciones. Lo que no admite duda es la magnitud del choque: una institución pública colocada en el foco de una disputa que no es solo técnica, sino política y ética. La defensa de la neutralidad informativa y la transparencia en el uso de recursos públicos exige respuestas claras. La democracia merece que se investigue con rigor y, llegado el caso, que se depuren responsabilidades.