El caso Koldo: dinero, chalés y la penumbra de una red que Castilla no merece

Hay ocasiones en que la realidad se muestra con la tozudez de los números y la torpeza escénica de los imputados. Más de 36 millones de euros de dinero público dedicados, según la causa, a la compra de 13 millones de mascarillas en la peor fase de la pandemia no es una anécdota: es un telón de fondo que exige respuestas claras y no metáforas burlonas.

El primer gran interrogante del juicio ha sido la propia existencia y naturaleza de la supuesta organización criminal. Los papeles han cambiado de manos y de nombres: de la versión de Aldama, que situó en “el uno” al presidente del Gobierno, a la de los investigadores y de la Fiscalía Anticorrupción, que han matizado la idea de una estructura jerarquizada para centrarse en una “acción concertada” con roles diversos y complementarios. No es un juego de títulos; es la diferencia entre una red organizada y una suma de aprovechamientos oportunistas. La sentencia tiene que decir cuál de esas descripciones se ajusta a los hechos probados.

Las «oportunidades de negocio» descritas en el sumario no son florilegios: según las pesquisas, se remontan a presuntos amaños en obra pública en 2015 y habrían ido derivando en contratos públicos para mascarillas y test en distintas administraciones —Transportes, Interior, Canarias, Baleares— y, de manera tangencial, en gestiones comerciales y fiscales que, tanto por su variedad como por su extensión, apuntan a una operativa sostenida en el tiempo.

El verdadero talón de Aquiles es el rastro del dinero. Los acusadores identifican pagos en metálico de 10.000 euros mensuales por parte de Víctor de Aldama a José Luis Ábalos y Koldo García, más mordidas puntuales que, según las acusaciones, podrían elevar el total a cerca de 4 millones. El fiscal ha reconocido la dificultad de seguir efectivo, pero ha subrayado encuentros, conversaciones telefónicas y mensajes de WhatsApp donde se habla de movimientos de fondos y gastos importantes: 470.000 euros gastados por Ábalos en dos años, ingresos en efectivo en cuentas de Koldo (138.000 euros) y de su hermano Joseba (224.000 euros). Son trazas que requieren explicación judicial.

Las defensas han ofrecido alternativas: pagos por reembolsos, adelantos por gestiones corrientes del exasesor, la necesidad de la Guardia Civil de cambiar efectivo o justificantes parciales de gastos. Pero el fiscal, y parte de la acusación, consideran insuficientes esas explicaciones y apuntan a la existencia de un patrón de custodia de efectivo familiar en torno a Koldo y su entorno.

No sólo hay efectivo: las dádivas en especie aparecen con mayor solidez probatoria. Los investigadores señalan dos chalés en la costa andaluza para vacaciones familiares, un piso de lujo en el Paseo de la Castellana que funcionaría como garantía y el pago cercano a 90.000 euros del alquiler de otro domicilio en la plaza de España para la expareja del exministro. Bienes y alquileres que, si se acreditan, despejan parte del mapa de las compensaciones fuera del circuito bancario.

Y en el centro de la sala está Víctor de Aldama: su testimonio ha sido valorado por Anticorrupción como corroborado por otros elementos de la causa, y su confesión ya tuvo repercusiones en las peticiones de pena. Sobre la credibilidad del empresario pivotan expectativas y decisiones, porque si su relato es fiable las piezas encajarían; si no lo es, el rompecabezas seguirá abierto.

Tras 14 sesiones, más de 70 testigos y la intervención repetida de los acusados, la política y la opinión pública deben aguardar la sentencia con rigor y sin precipitar conclusiones. Es la Justicia, no la indignación, la que ha de poner nombre y apellidos a los hechos probados. Lo que está en juego no es solo la suerte de los imputados: es la transparencia del uso de fondos públicos en un episodio que se vivió con el país sufriendo y con autoridades llamadas a responder.