El caserío quemado que hoy pavimenta la salida de los etarras

El caserío Arretxe, piedra viva del siglo XVI en el centro de Alzo, fue incendiado el 10 de octubre de 1999 por dos encapuchados que arrojaron cócteles molotov cuando en su interior dormían Pilar Zubiarrain, sus dos padres y una tía discapacitada. Salvados gracias a la ayuda vecinal, aquel ataque —y la larga persecución previa— convirtieron la casa en un símbolo de la resistencia civil frente a la violencia y la intimidación de la izquierda abertzale.

Pilar Zubiarrain, abogada guipuzcoana militante del PNV y ejemplo público en la lucha contra las estrategias mafiosas de la izquierda abertzale entre 1997 y 2007, relató el acoso: pintadas, pasquines, caravanas, concentraciones, seguimientos, llamadas amenazantes, bombas caseras en su despacho, el quema de su coche y, finalmente, el asalto y la quema del caserío familiar. Su testimonio quedó recogido en el libro Hablan las víctimas (2010). Zubiarrain murió el 5 de mayo de 2025 a los 58 años.

La historia de Arretxe no es una anécdota local sino la síntesis de una persecución: pleitos por irregularidades urbanísticas en los que ella implicó a cargos de Euskal Herritarrok, denuncias por contrataciones irregulares y años de acoso desde septiembre de 1999 hasta mayo de 2000. Y la violencia volvió a perseguirla: en septiembre de 2021, su despacho en Tolosa sufrió ataques con cócteles incendiarios y un artefacto explosivo. El incendio del caserío de 1999 sigue, además, impune.

Frente a ese pasado de intimidación y daño real a víctimas concretas, el Gobierno vasco ha situado ahora el caserío en un nuevo escenario: lo utiliza para encuentros 'restaurativos' que, según la información, aceleran la puesta en libertad de presos de ETA, incluso de los más sanguinarios. Es un hecho que interpela: un lugar que fue objeto de violencia y que simbolizó la defensa de la vida y la propiedad ahora participa en un proceso que facilita salidas penitenciarias.

No se trata de adjetivar sin medida, sino de confrontar realidades constatadas: quien fue perseguida por denunciar irregularidades y sufrió atentados ve hoy su emblema convertido en pasarela de semilibertad para quienes atentaron contra la sociedad. El contraste es nítido y exige explicación pública y claridad sobre las reglas, objetivos y garantías de tales encuentros 'restaurativos'.

La memoria de las víctimas y la seguridad jurídica deben prevalecer sobre la estética de la reconciliación improvisada. Si el caserío Arretxe sigue siendo un símbolo, que lo sea de verdad: de justicia, de reparación sincera y de responsabilidad institucional, no de atajos que puedan interpretarse como privilegios para los condenados por la violencia que asoló a tantas familias guipuzcoanas.