El calzado en impasse: ¿rescatar industria o empobrecer a su plantilla?

El calzado ilicitano vuelve a situarse en primera línea de la vida económica y social. No es una crisis episódica de titular, sino un impasse múltiple: cierres empresariales, concursos de acreedores, ERE y una negociación colectiva enquistada que recibe la amenaza explícita de movilizaciones por parte de CCOO y UGT.

Las cifras y los casos hablan por sí solos. Elche concentra 1.300 millones de euros de facturación, según estudios citados, pero el mapa productivo es desigual: las grandes empresas resisten y las pequeñas ven comprometida su viabilidad. En los últimos tiempos han saltado a la vista despidos en Analco y María Jaén; la matriz de Popa Brand entró en concurso con un pasivo de 3,9 millones; y en 2025 varias mercantiles han tenido procedimientos concursales, entre ellas Calzados Anpa (Crecendo Shoes), Calzados Almadraba y Arenal Shoes. Más recientemente, han cerrado o liquidado firmas auxiliares como Cercos del Vinalopó y la fábrica vinculada a Stuart Weitzman en Petrer culminó su procedimiento a principios de 2026.

Ante este panorama, se ha reactivado una Mesa Técnica del Calzado con dos encuentros, el primero en Elche y el segundo en Elda, junto a la secretaría autonómica de Empleo. El objetivo anunciado es estudiar reciclaje profesional y soluciones para las plantillas afectadas por ERE y cierres. Pero la Mesa, en letra pequeña, está a la espera: la falta de presupuesto en organismos como Labora dificulta poner en marcha talleres o medidas formativas concretas.

La patronal, por su parte, impulsa formación entre asociados e insiste en la innovación como vía de escape; la investigación se presenta como refugio estratégico para elevar la competitividad. No obstante, la estrategia empresarial no convence a las representaciones laborales cuando el tablero de la negociación colectiva queda bloqueado.

El conflicto latente se concentra en la oferta económica de la patronal: subidas del 2,5% en 2026; 2% en 2027; y 1,75% en 2028 y 2029, con una revisión anual del IPC real topada al 1% y sin carácter retroactivo. Los sindicatos consideran que esa propuesta implica pérdida real del poder adquisitivo. Además, alertan de medidas propuestas por la parte empresarial —como una "doble escala salarial" para incentivos y la congelación de incentivos para quienes ya los perciben— que interpretan como castigo al compromiso de la plantilla. También señalan el rechazo patronal a la reducción de jornada o a la ampliación de permisos retribuidos.

Frente a ello, CCOO Industria y UGT FICA han expresado profundo malestar: califican de “oportunidad de oro” desaprovechada la negociación y tildan a la patronal de "inmovilista". La advertencia es clara: sin justicia laboral, el sector se encamina a movilizaciones y a una escalada de conflicto que podría añadirse a la lista de cierres y concursos que ya golpean al Vinalopó.

Estamos ante una encrucijada inequívoca: o las partes desbloquean la mesa con propuestas que preserven salarios y derechos sin sacrificar la viabilidad empresarial, o el sector -tan ligado al tejido productivo local- verá agravarse su sangría de empleo y empresas. La Mesa Técnica no puede quedarse en gestos mientras faltan recursos y la negociación colectiva no puede transformarse en recetario de empobrecimiento. La defensa del calzado exige soluciones con ambición y equidad: innovación con justicia salarial, reciclaje con financiación real y un acuerdo que no abandone a las trabajadoras y trabajadores a merced de porcentajes que no cubren la vida real.