La otra factura: Alicante licita el mantenimiento del alumbrado por 10,6 millones

El dinero público tiene siempre dos caras: la que se ve en la factura y la que se esconde en los pliegos. Alicante ha puesto en manos del mercado otra de esas decisiones que condicionan la vida cotidiana: la licitación del servicio de mantenimiento del alumbrado y de las instalaciones eléctricas municipales por un presupuesto de 10.657.145,85 euros (impuestos incluidos).

No es una cifra menor para una ciudad cuyo sistema de alumbrado público supera los 39.500 puntos de luz. El contrato, que cubre el mantenimiento y conservación de todas las instalaciones municipales —no solo las farolas de la calle, sino también las infraestructuras que suministran energía a centros educativos y deportivos— se oferta por un plazo inicial de tres años (2026-2029) con opción a prorrogarse dos años más hasta un máximo de cinco.

Lo que no entra en este paquete es el consumo eléctrico: la energía queda al margen y será objeto de otro proceso de licitación independiente. Es decir, se separa el coste de la gestión y reparación de las infraestructuras del coste volumétrico de la electricidad consumida.

El calendario electoral de la contratación aprieta. La Junta Local aprobó la convocatoria el 17 de abril para acelerar trámites porque el contrato vigente concluye el 16 de julio. Pero la ventana para presentar ofertas permanece abierta hasta el 1 de junio; el análisis de propuestas puede prolongarse más de un mes, lo que hace real la posibilidad de que el servicio se mantenga mediante prórroga y pago por reconocimiento extrajudicial de crédito.

El alcance técnico del contrato exige que la adjudicataria repare averías y reemplace material —lámparas, centros de transformación, grupos electrógenos y mobiliario eléctrico— según la memoria contractual. Entre los criterios de valoración figura la presentación de un plan de calidad y de eficiencia energética que aporte medidas para una gestión eficiente del servicio y la reducción del impacto ambiental, complementando el plan municipal ya en marcha para adaptar luminarias a tecnología LED en barrios y polígonos.

La memoria recuerda un precedente: el concurso de 2022 atrajo hasta 13 compañías o uniones empresariales. Aquel contrato fue adjudicado finalmente a Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE) por 6.551.536,28 euros (con IVA), tras una baja del 38,9%. Aquella concurrencia pone en evidencia que el sector compite, pero también que las condiciones económicas pueden variar sensiblemente entre procesos.

La decisión local es, por tanto, económica y estratégica. Se dirime no solo quién arregla las farolas cuando fallan, sino cómo se organiza la conservación de infraestructuras críticas para escuelas, instalaciones deportivas y el alumbrado urbano, en un contexto en que los plazos administrativos y las exigencias de eficiencia energética marcarán la prestación del servicio y el uso del erario público.