El calvario de Noelia: cuando la Justicia alarga el suplicio

La historia de Noelia Castillo no es solo la de una muerte asistida: es la crónica de una frustración colectiva. Una joven de 25 años, parapléjica tras intentos de suicidio y con secuelas psiquiátricas, pidió acogerse a un derecho previsto por la ley de eutanasia. Médicos y cauces legales avalaron su petición. Y, pese a ello, su deseo tardó casi dos años en cumplirse.

Que un padre, asesorado por una organización como Abogados Cristianos, pudiera impulsar recursos ante hasta cinco instancias judiciales distintas —hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos— revela, en palabras de quienes han seguido el caso, un vacío no previsto por la normativa. La ley de 2021 estableció procedimientos exigentes y limitó la iniciativa a la persona sufriente; no contempló, sin embargo, la impugnación prolongada por parte de un tercero cercano. Ese vacío procesal fue aprovechado y, mientras las voces públicas debatían, Noelia sufrió 601 días de espera.

Hay, por tanto, dos lecturas que conviven y chocan con fuerza. Una, la de quienes denuncian un fracaso del Estado: organizaciones y formaciones políticas conservadoras que apuntan a la ausencia de protocolos obligatorios en personas con enfermedad mental y al fallido sistema de protección. Otra, la de quienes subrayan que la judicialización de un derecho personalísimo añadió un sufrimiento innecesario, cuando médicos y comisiones habían reconocido la capacidad de la paciente y la concurrencia de los requisitos.

Noelia estuvo bajo tutela del Estado en su infancia; sufrió abusos y agresiones; quedó con graves secuelas tras lanzarse desde un quinto piso. Todo ello consta en el expediente y en la narración pública del caso. Pero los hechos también muestran que, desde la entrada en vigor de la ley en 2021, más de 2.400 personas la han solicitado y algo más de 1.100 la han recibido. El número no atempera el impacto simbólico: que ocurra con una persona tan joven, con trastornos psiquiátricos y con un familiar que recurre obsesivamente la decisión, convierte el asunto en un campo de batalla jurídico y moral.

No podemos disfrazar la realidad con consignas. La ley, como han recordado sus defensores, es “muy exigente”. Pero la exigencia técnica no exime al legislador y al Estado de prever mecanismos claros cuando se trata de quienes padecen vulnerabilidades mentales o cuando terceros intentan impugnar decisiones expresas del paciente. El vacío de jurisprudencia era previsible en una ley reciente; lo inaceptable es que esa ausencia de claridad se traduzca en acumulación de dolor real.

España se enfrenta, con este caso, a una pregunta elemental y demoledora: quién decide realmente sobre la vida y la muerte cuando la voluntad individual choca con la intervención de familiares y la litigiosidad. Que la respuesta haya de buscarse en jurisprudencia naciente y en debates públicos no puede servir de excusa para que la respuesta administrativa o judicial demore lo que la medicina y la dignidad habían dictado.

La polémica seguirá en las tribunas y en los juzgados: voces que hablan de fracaso del Estado y otras que advierten sobre riesgos éticos y clínicos. Pero lo irrebatible, lo humano y lo urgente, es que una joven sufrió 601 días mientras el sistema se pronunciaba. Si queremos evitar otro caso así, hagan su trabajo quienes legislan y quienes velan por los protocolos: cerrad las lagunas procesales y definid de una vez quién puede y quién no puede impugnar una eutanasia ya acordada. No es solo una discusión doctrinal: es prevenir que el Estado, entre plazos y recursos, prolongue el sufrimiento de los vulnerables.