El archivo que resiste a la memoria

Los archivos deberían ser puertas, no muros. Lo son por antonomasia: polvo, legajos, paciencia y la tenue luz de un hallazgo que reconstruye el relato común. Pero esa puerta se ha convertido en obstáculo cuando el guardián es el Archivo General del Ministerio del Interior.

La normativa obliga a que cierta documentación no permanezca en el Ministerio más de 30 años. Y, pese a esa regla, el archivo custodia miles de documentos que abarcan los siglos XIX y XX. En diciembre de 2024 se autorizó la transferencia de 6.111 cajas cuya cronología va de 1829 a 1994 al Archivo General de la Administración. Sin embargo, esas cajas siguen, según denuncian quienes trabajan con ellas, donde estaban: lejos de la consulta efectiva.

La realidad cotidiana de las investigadoras y los investigadores choca con prácticas que humillan el oficio: ausencia de catálogo, procedimientos de acceso arbitrarios, esperas y una gestión que obliga a justificar continuamente el interés investigativo. Cuando, con suerte, llegan copias a domicilio, muchas veces lo hacen mutiladas: documentos que, según la ley, deberían ser de libre acceso aparecen censurados.

Ante esa opacidad, un grupo de historiadores e historiadoras ha tomado una decisión elemental en democracia: elevar una carta abierta al ministro del Interior exponiendo las trabas y proponiendo medidas concretas. Piden, entre otras cosas, que se ejecute la transferencia autorizada y que se garantice el acceso durante el traslado, para evitar años de paralización mientras las cajas se mudan.

Garantizar el acceso a la documentación no es un favor académico; es un derecho ciudadano y un deber de transparencia. Es aún más incongruente cuando el propio Gobierno se define comprometido con la memoria histórica. Mantener cerrada o dificultada la consulta de este material no solo entorpece la labor científica: es una anomalía democrática que debería avergonzar a cualquier administración que se precie de coherente.

No se trata de retórica heroica: se trata de ejecutar lo que ya se autorizó, de abrir catálogos, de dejar de practicar censuras administrativas sobre documentos legalmente accesibles y de garantizar que, mientras se mueve un archivo, los investigadores puedan continuar reconstruyendo el relato colectivo. La memoria no espera a los plazos de la burocracia. Si el Estado proclama compromiso con ella, ha de demostrarlo con hechos tan simples y contundentes como abrir el archivo.