El apagón del 28-A y la prudencia que se impuso tarde

El 28 de abril dejó una imagen difícil de olvidar: la electricidad detenida para millones, la tensión del sistema desbocada y una pregunta que aún persiste en el aire: ¿por qué se permitió llegar a ese extremo?

Los hechos son tozudos. Según los datos a los que ha tenido acceso El Mundo, Redeia —a través de su operador integrado, Red Eléctrica Española (REE)— opera en abril de 2026 con una protección media un 110% superior a la que registró el fatídico 28-A. Aquello no fue una operación cualquiera: REE programó entonces alrededor de 10 centrales de ciclo combinado y nucleares; en abril de 2026 supera las 21. Es decir, el escudo convencional que estabiliza la red se ha más que duplicado.

No se trata solo de una comparación puntual. La media de abril de 2026 supera en un 50% a la de abril de 2025, mes en el que ya hubo avisos sobre riesgos para la red. Y si se considera todo el primer cuatrimestre, la protección en 2026 es un 55% superior a la del mismo periodo del año anterior.

El informe del Gobierno presentado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, es claro en un punto: "el sistema mostraba una insuficiencia de capacidades de control dinámico de las tensiones suficiente para mantener la tensión estable". Señala asimismo que el número de grupos acoplados con capacidad de control de tensión era inferior al previsto y que la indisponibilidad, la tarde del 27 de abril, de uno de los grupos programados no fue sustituida por el operador.

REE defiende su actuación y rechaza asumir la responsabilidad de lo ocurrido. La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, sostiene además que las conclusiones del informe europeo Entso-E no ponen el foco en una "guardia baja" operativa. Sin embargo, los datos recabados muestran que aquel día REE operó con niveles de protección mínimos desde principios de año y no sustituyó la central de ciclo combinado de San Roque, declarada "indisponible" la víspera, que según distintos análisis podría haber sido reemplazada.

Expertos y actores del sector han señalado esa decisión como clave. Tanto el presidente de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, como el responsable de Endesa, José Bogas, atribuyen a esa falta de precaución la imposibilidad de controlar la sobretensión que alcanzó, según los datos citados, 475.000 voltios alrededor de las 12:33, provocando el infrecuente "cero eléctrico" para 60 millones de personas en España y Portugal.

El informe del MIT, a través del CEEPR, también cuestiona por qué no se programó un generador de sustitución tras la indisponibilidad nocturna de una de las unidades en la zona suroeste —región especialmente sensible por su elevada producción solar—. El propio informe plantea que el marco regulatorio, que incentiva la minimización del volumen de energía contratada para control de tensión, puede haber influido en decisiones operativas.

Esta "operación reforzada" que Redeia mantiene desde el 29 de abril de 2025 tiene un coste económico. Las cifras difieren: Ruiz-Tagle, apoyado en la consultora Nera, sitúa el impacto para los consumidores por encima de 1.100 millones; Corredor lo reduce a 600 millones. No es una cuestión menor: más convencionales significa mayor estabilidad, pero también mayor exposición a precios volátiles como los del gas.

La lección es doble y urgente. Por un lado, la prudencia técnica exige que se priorice la estabilidad del sistema eléctrico aun cuando ello suponga costes adicionales. Por otro, la política regulatoria debe alinearse con esa prudencia: los incentivos que puedan empujar a minimizar contratos esenciales para el control de tensión deben ser revisados a la luz de lo ocurrido.

Un año después, la red opera con más defensas. Eso no borra la necesidad de respuestas claras sobre las decisiones que llevaron al apagón ni la exigencia de modificaciones regulatorias que impidan repetir la temeridad de aquel día. El país, su economía y su seguridad energética merecen, cuando menos, esa transparencia y rigor.