El 8‑M inscrito en la memoria: reconocimiento y deber de la Nación

El Boletín Oficial del Estado ha hecho oficial lo que muchos ya sabían en la vida pública: las manifestaciones feministas del 8 de marzo son ya un Lugar de Memoria Democrática. No es una etiqueta hueca, sino un reconocimiento institucional a su relevancia en la consolidación de la igualdad y a la fuerza de esas mareas democráticas que han marcado la sociedad española.

La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, publicada en víspera del Día Internacional de la Mujer, inscribe estas movilizaciones en la categoría de patrimonio cultural inmaterial. Con ello se ordenan medidas concretas: difusión, interpretación, recursos audiovisuales y digitales, la instalación de placas y paneles y la inclusión de fichas fotográficas y audiovisuales en el portal oficial. Son acciones destinadas a la conmemoración, el homenaje, la enseñanza y la reparación: términos que no deben sonar a retórica, sino a responsabilidad colectiva.

Recordar es también entender el hilo histórico. El 8 de marzo fue declarado Día Internacional de la Mujer por la ONU en 1975, rememorando movilizaciones obreras en Nueva York en 1857 —y otra en 1908— en las que las trabajadoras reclamaron jornadas más humanas y salarios justos; aquel episodio de 1857, según la reseña oficial, terminó con un balance trágico de 120 mujeres fallecidas. En España, la primera manifestación feminista autorizada aparece en 1978 bajo el lema 'Por un puesto de trabajo sin discriminación', protesta que fue dispersada por las fuerzas de seguridad cuando intentó prolongarse.

Desde entonces, apunta el Ministerio, el movimiento feminista ha sido motor de cambios concretos: la despenalización del aborto, la libertad y educación sexual, el divorcio, la legalización de anticonceptivos y la promulgación de normas dirigidas a erradicar la violencia de género y a avanzar en la igualdad con los hombres. Son conquistas que figuran en la trayectoria que ahora se pretende preservar y difundir.

El reconocimiento oficial obliga. La Administración General del Estado se compromete a impulsar materiales explicativos y a integrar este lugar de memoria en circuitos internacionales que compartan experiencias de construcción democrática. No se trata de un monumento estático: es un recurso pedagógico que debe servir para transmitir a generaciones futuras por qué la movilización ciudadana puede transformar derechos y valores.

Una sociedad que reclama memoria democrática no puede hacerse la distraída. Registrar el 8‑M como patrimonio cultural inmaterial impone la obligación de custodiar la verdad de los hechos, difundir sus lecciones y asegurar que el homenaje sea útil: formativo, didáctico y reparador. Ese es el deber público al que alude el BOE y frente al que toda conciencia cívica está llamada a responder.