El 24 de marzo que quebró a una nación: memoria, silencio y responsabilidad

El 24 de marzo de 1976 no fue solo una fecha: fue la fractura que partió en dos la vida pública y privada de Argentina. Aquella madrugada las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón y, en nombre del orden, montaron una Junta Militar que, según la Justicia argentina, desplegó un "plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio". Lo que algunos vecinos llamaron silencio, otros lo llamaron miedo; ambos nombres describen la misma realidad.

No es retórica: las organizaciones de derechos humanos estiman en 30.000 las personas desaparecidas entre 1976 y 1983. Esa cifra, que sigue siendo objeto de debate, no borra el testimonio de quienes vivieron la persecución cotidiana —el secuestro de Teresa, la vecina asesinada, el aislamiento de familias enteras— ni el eco en la conciencia pública. La desaparición forzada no fue un accidente del conflicto: la justicia caracterizó aquel período como un marco genocida.

Conviene recordar que la violencia no apareció de la nada. En los años previos se libraron enfrentamientos entre grupos armados de izquierda como Montoneros y el ERP, y fuerzas parapoliciales como la Triple A. En febrero de 1975, el gobierno de Isabel Perón autorizó a los militares a actuar para lograr la "aniquilación de la subversión", una expresión que, según la historiadora Gabriela Águila, llegó a abarcar a activistas sindicales, estudiantes, jóvenes, intelectuales y artistas. Esa ampliación del concepto de "subversión" allanó el terreno para la represión masiva que vino después.

El golpe, además, se instaló con una apariencia de normalidad mediática: al día siguiente los diarios describían una jornada sin sobresaltos, pese a que la presidenta había sido arrestada y el Congreso ocupado por soldados. La paradoja es inquietante: la ocupación del Estado se produjo mientras se intentaba normalizar lo anormal. Esa naturalización contribuyó al clima de silencio y al aislamiento social que tantas familias padecieron.

Los relatos personales —como el de Aurora Álvarez, que vio partir a su hermana Teresa en manos de un comando de tareas— son la verdad concreta que resiste a cualquier relativización. No podemos reducir esas historias a estadísticas: son vidas arrancadas, hogares divididos, una convivencia marcada por la desconfianza. La memoria de esas víctimas obliga a reconocer que la defensa de la República no puede confundirse con la impunidad ni con la excusa de la seguridad.

Hoy, medio siglo después, la lección persiste: la fragilidad de las instituciones ante la violencia interna y la justificación del autoritarismo por razones de orden público son riesgos reales. Recordar no es revivir el rencor: es afirmar que la dignidad de las personas y el imperio de la ley son fronteras que no pueden ser transgredidas en nombre de una supuesta emergencia. La historia argentina de 1976-1983 lo demuestra con crudeza: cuando el Estado se convierte en máquina de desaparición, la sociedad entera paga el precio.